Fiscalía General del Estado
Una acción de protección con medida cautelar fue presentada contra el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en el marco de la conformación de la Comisión de Selección del nuevo Fiscal General del Estado. El recurso fue interpuesto por Édgar Joselito Arguello el pasado 18 de enero, y alega presuntos "actos de corrupción" en la integración del organismo que habrían vulnerado garantías y derechos constitucionales.
Este jueves 22 de enero, se tiene prevista la posesión de los comisionados, pero según el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Andrés Fantoni, existe la posibilidad de que esta etapa se dilate mientras se resuelve la acción de protección.
Marcelo Espinel, vocero de la Comisión Cívica del concurso para Fiscal, recordó que Édgar Joselito Arguello fue precisamente uno de los postulantes al proceso, quien fue candidato a asambleísta en el 2021. Su perfil fue descartado debido a vínculos políticos, pero la normativa no establece qué puede calificarse como dicha causal.
De acuerdo con Espinel, los reglamentos de amplia interpretación podrían detener el proceso en distintas instancias. Consideró que esto, incluso, no debería ser usado como un pretexto para extender los plazos en la designación del próximo Fiscal General del Estado.
A la espera de una resolución de la justicia, Espinel señaló que la ciudadanía y representantes de la academia deberían vigilar la actuación de la Comisión en el caso de que se instale y posesione. Insistió en que las labores del organismo deberían enmarcarse en la ética, la responsabilidad, transparencia y el "sentido de país".
"Tenemos que ponerle ojos al proceso. Si no vigilamos esto, damos puerta abierta a que el proceso pueda ser aún más malicioso para todos", enfatizó.
Irregularidades desde el inicio
Marcelo Espinel consideró que hay razones suficientes para determinar que la selección del próximo Fiscal General del Estado carece de legitimidad. Una de ellas, los cambios constantes en el reglamento y modificaciones en los instructivos sobre la marcha lo que, advirtió, vulnera la seguridad jurídica.
Esto, en parte, depende de lo que calificó como una pérdida de confianza en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. De la expectativa de 250 postulantes a integrar la Comisión de Selección, solo 69 participaron y, de estos, 38 fueron admitidos. Espinel cuestionó la decisión del CPCCS, debido a que apenas 20 de los aspirantes cumplían con criterios de admisibilidad.
La tónica de los perfiles de los postulantes se centró en una falta de trayectoria en transparencia, participación ciudadana y control social, y escaso o nulo conocimiento sobre derecho penal y la propia Fiscalía General del Estado.
En la Comisión, también participan delegados de las distintas Funciones del Estado, pero 9 de los 10 postulantes no cumplían con requisitos. En su mayoría, dijo Espinel, contaban personas con amplios vínculos políticos, afiliados a organizaciones, excandidatos y exasambleístas alternos.
"No estamos eligiendo a cualquier autoridad, sino a quien va a dirigir a la Fiscalía, la institución encargada de la persecución de los delitos", cuestionó.
Sobre el sorteo de la Comisión Ciudadana de Selección, el CPCCS alegó un problema presupuestario, pero según Espinel, la ejecución de dicho rubro en el 2025 fue del 54%. Esto, dijo, abre la puerta a dos escenarios posibles: que la institución tenía el dinero y decidió no avanzar, o que el Ministerio de Finanzas no dio la asignación correspondiente.
Espinel cuestionó también el constante cambio de plazos por parte del Consejo de Participación Ciudadana para elegir al nuevo Fiscal, cuando el ofrecimiento inicial fue para abril del 2025. Mientras tanto, procesos como el de la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral y la Defensoría del Pueblo se mantienen en pausa.
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