Nacional

Presidenta de la Judicatura presenta denuncia por el asesinato de la jueza Lady Pachar

"No podemos morir por nuestras decisiones judiciales; eso no se tolera", manifestó Mercedes Caicedo.

16 Mayo de 2026
Mercedes Caicedo presenta denuncia tras asesinado de jueza.
Mercedes Caicedo presenta denuncia tras asesinado de jueza. Foto: CJ

La presidenta del Consejo de la Judicatura (CJ), Mercedes Caicedo, llegó el viernes 15 de mayo de 2026, a la provincia de El Oro, para presentar una denuncia ante la Fiscalía por el crimen de la jueza de Machala, Lady Pachar, ocurrido el pasado 12 de mayo. 

"No podemos morir por nuestras decisiones judiciales; eso no se tolera", manifestó Caicedo, antes de mantener una reunión con el fiscal provincial, Carlos Franco.

La agenda en El Oro también incluyó un encuentro con el presidente de la Corte Provincial, Carlos Cabrera y con jueces y autoridades judiciales, quienes agradecieron la presencia de Caicedo, en un contexto de violencia que genera preocupación por la seguridad de los servidores judiciales.

"No están solos en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Estamos aquí para respaldar y aportar en todo lo necesario en favor de la administración de justicia", sostuvo Caicedo. 

Durante la reunión, expuso que el Pleno ha adoptado medidas relacionadas con la seguridad institucional. Entre ellas, anunció la instalación de mesas técnicas que abordarán este tema desde la próxima semana.

"Nuestra bandera es la defensa de la independencia interna y externa de la Función Judicial, porque un juzgador amenazado no puede actuar con plena imparcialidad", enfatizó. 

Durante esta semana, el CJ trabajó en varios lineamientos orientados a preservar la integridad de los servidores y usuarios del sistema judicial. Por ejemplo, dispuso que las direcciones provinciales de la institución remitan a las autoridades nacionales un informe urgente y detallado sobre las dependencias y servidores que han sido objeto de violencia. 

Además, se propuso la creación de una instancia de coordinación con el Ministerio del Interior, para dar seguimiento a las solicitudes de seguridad de funcionarios judiciales.

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