Sistema judicial
La Función Judicial enfrenta una nueva crisis. Esta vez, por denuncias de presiones y amenazas de Henry Gaibor, director provincial del Consejo de la Judicatura en Pichincha, sobre el juez Carlos Serrano, para fallar a favor de un ciudadano serbio, procesado por lavado de activos. Estas acusaciones salpican a la esposa del presidente de la Judicatura, Mario Godoy, quien pidió licencia para esclarecer estos hechos en la Asamblea Nacional.
Las denuncias en contra de Godoy, según la exvicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, datan incluso desde hace 15 meses cuando se presentaron impugnaciones en su contra y, de manera sorpresiva, los interpelantes no realizaron sus intervenciones.
"Piruetas" del correísmo para echar abajo la designación de Dunia Martínez y nombrar a Mario Godoy marcaron la hoja de ruta del CPCCS, según Calvache. Recordó que, en su momento, el exconsejero Augusto Verduga dejó su permiso de paternidad para dar su voto y elegir a Godoy, con la complicidad de Johanna Verdezoto, la 'Liga Azul' y la abstención de Juan Esteban Guarderas.
Ahora, insistió, estas actuaciones deben ser fiscalizadas dentro de las competencias de la Asamblea Nacional. Asimismo, desde el campo penal, consideró que la Fiscalía tendrá un rol de mayor relevancia.
"Aquí va a caer más de una persona (...) el rol más importante lo tendrá la Fiscalía", dijo.
Un criterio similar compartió Mónica Jaramillo, presidenta del Observatorio de Control Ciudadano, quien consideró importante definir las actuaciones previas a la designación de Godoy en el 2024 y el 2025. Ambos escenarios, dijo, recaen en manos de la Legislatura mientras existe una vigilancia desde la ciudadanía sobre las resoluciones que se tomen. Este monitoreo, señaló, también apunta a los vocales del Consejo de la Judicatura ante sus actitudes "decepcionantes", detalló.
De acuerdo con Jaramillo, existe el capital político suficiente y los elementos conducentes para llevar a juicio político a Mario Godoy. Esto, en medio de un ambiente de complicidad y encubrimiento por parte del resto de vocales que, hasta el momento, no se han pronunciado sobre la ausencia de la vocal suplente de Godoy para dirigir el organismo.
"Es insostenible mantener a Mario Godoy (...) estamos ante una falta de independencia judicial y no se niega que, posiblemente, se abra una Metástasis 2.0.", enfatizó.
Por otro lado, Jaramillo insistió en que existen otros nexos que deberían ser investigados. Entre ellos, el asesor de la consejera del CPCCS, Johanna Verdezoto, quien integró la Comisión Técnica para la designación de los vocales de la Judicatura y desechó las impugnaciones de los actuales funcionarios.
Otro de los nombres que deberían ser llamados a comparecer es, según Calvache, el de José Suing, presidente de la Corte Nacional de Justicia. Esto debido a que, a su cargo, estuvo enviar la terna de quien presidirá el Consejo de la Judicatura y, en las dos ocasiones, Mario Godoy estuvo incluido.
Las investigaciones, dijo, deben remontarse a la primera designación de Godoy en complicidad con la 'Liga Azul' y el incumplimiento a una sentencia previa de la Corte Constitucional que impedía revertir decisiones adoptadas.
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