Decisiones judiciales
En audiencias telemáticas de alta complejidad y riesgo, la imagen de los jueces y otros servidores judiciales sea reemplazada por un avatar digital institucional para proteger su identidad biométrica. Así lo dispuso el Pleno del Consejo de la Judicatura.
El objetivo, según la institución, es reducir la exposición visual de los servidores y evitar que las imágenes captadas durante una diligencia virtual sean utilizadas para reconocimiento facial automatizado, elaboración de perfiles biométricos, inteligencia criminal o actividades de vigilancia ilícita.
Para el abogado constitucionalista, André Benavides, desde el punto de vista jurídico, no existen impedimentos o contravenciones a las leyes o la Carta Magna. Aseguró que la disposición es constitucional, pero en la práctica resulta una "novelería" impulsada por la Judicatura.
El jurista consideró que la utilización de un avatar no solucionará el problema de raíz: la exposición de servidores judiciales al crimen organizado y peligros derivados de este. Esto, ante la facilidad y apertura que tiene un criminal de investigar datos personales del funcionario, incluido su domicilio.
"Será un mecanismo que, al final del día, no terminará de ayudar, ni tampoco permitirá tener seguridad a los operadores de justicia", dijo.
Según Benavides, la sala de audiencias no es el momento de mayor exposición para los juzgadores, puesto que allí se cuenta con una constante presencia policial. Al contrario, dijo, los riesgos surgen al movilizarse o cuando los funcionarios no están en dependencias judiciales.
Para ello, dijo, es imprescindible la aplicación de una política integral de seguridad a servidores judiciales. Entre las acciones más importantes, señaló, podría ubicarse la entrega de vehículos blindados a jueces anticorrupción, la presencia de dispositivos de resguardo y, de ser posible, gestionar su traslado fuera del país en caso de ser necesario.
En este panorama, resaltó Benavides, la aplicación de avatares constituye más a una "medida parche" que podría tener justificación. No obstante, no tendrá un efecto sustancial de no existir una política de seguridad para funcionarios judiciales.
"Mientras no tengamos una política integral de seguridad (...) si no existe aquello, no se va a avanzar", puntualizó.
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