En el documento se habla al menos de cinco medidas y se dice que, especialmente, FF.AA., Policía y los gobiernos autónomos de Esmeraldas coordinarán esfuerzos para devolver la seguridad al sector. También se suspenden los derechos de inviolabilidad de domicilio, de las correspondencias, de la libertad de tránsito y de asociación.
Además se avalan las requisiciones que sean necesarias, para solventar la emergencia que se prolonga 30 días, Y se ordena al Ministerio del Interior destinar “los recursos económicos suficientes”. Las autoridades dicen que así se devolverá la seguridad a las poblaciones, que han sido afectadas por los ataques terroristas que comenzaron el 27 de enero en San Lorenzo. Por esa agresión y por el atentado a una torre de energía eléctrica fueron capturadas nueve personas en dos días.
El grupo es procesado por terrorismo. Ayer 6 de abril, ellos fueron sacados de Esmeraldas en medio de un fuerte resguardo policial. A primera hora, unidades especializadas de la Policía como el GOE y el GIR montaron un operativo.
Cuatro de ellos fueron trasladados a Guayaquil en una avioneta y el resto fue llevado a cárceles de otras ciudades, mientras eran custodiados por agentes armados con fusiles y cubiertos con uniforme camuflaje.
Cuando fueron apresados, los policías decomisaron baterías, 223 explosivos y rollos de cable que aparentemente fueron usados para elaborar mechas para la detonación. Informes expuestos por la Fiscalía muestran que los sospechosos fueron capturados en San Lorenzo, Esmeraldas, Rioverde y Palestina.