La decisión se tomó durante una audiencia de revisión de medidas cautelares, en la Corte Nacional de Justicia, a la que asistió la fiscal general, Diana Salazar, y delegados de la Procuraduría.
En la diligencia, Salazar pidió a la jueza que no libere a las procesadas por la supuesta trama de corrupción, en la que se habrían captado dineros de contratistas estatales para usar en las campañas y actividades de los líderes de Alianza País.
Sin embargo, los abogados de ellas alegaron que se tratan de personas que han colaborado con la justicia y que además son parte del Programa de Protección de Víctimas y Testigos.
Las dos procesadas son investigadas por su presunta participación en los delitos de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias en el denominado caso Sobornos 2012-2016.
Fuente: El Comercio - Nota Original: LINK
