La norma viabiliza el mandato popular expresado en las urnas para que los funcionarios públicos y autoridades de elección popular no tengan bienes o capitales en países considerados paraísos fiscales.
Si quieren ingresar en una institución pública o intervenir en la actividad política deberán traer los recursos al Ecuador. Excluye de esta excepción a becarios, funcionarios del servicio exterior y los candidatos a asambleístas por las circunscripciones del exterior, cuya residencia corresponda a una jurisdicción de esta naturaleza.
El pasado 8 de septiembre, el Pleno de la Asamblea resolvió las objeciones del Ejecutivo a esta ley.
Fuente: El Telégrafo