La Fiscalía dice que la decisión judicial se tomó pese a que el personal que investigó el caso fundamentó “la necesidad de mantener la prisión preventiva”. Con la resolución de los dos jueces, Calderón deberá presentarse una vez por semana ante un juez, mientras se desarrolla el proceso legal. Además tiene prohibición de salida del país.
El artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que “la persona que impida, entorpezca o paralice la normal prestación de un servicio público o se resista violentamente al restablecimiento del mismo o se tome por fuerza un edificio o instalación pública, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”.
Fuente: El Comercio - Nota Original: LINK