El pasado 16 de septiembre, la Asociación Víctimas 30-S presentó una denuncia en la Fiscalía General contra el expresidente de la República, Rafael Correa, y 15 personas más; entre ellos, jueces nacionales y fiscales, por el presunto delito de lesa humanidad y persecución política.
Según el abogado defensor de varios casos del 30-S, Hugo Espín, ha salido a la luz, en la actualidad, más información que delata la injerencia que habría tenido el poder político, de aquel entonces, en la Justicia; esto, para llevar a cabo procesos "injustos e ilegales" en contra de agentes de la policía.
En este contexto, Espín aseguró que dentro de los procesos, se presentaron pruebas viciadas "de forma y fondo". "En el caso del Comandante de Puyo, por ejemplo, la Fiscalía presentó un CD editado y la edición, cualquier juez lo sabe, establece que la prueba esta viciada de nulidad".
Por este motivo, explicó el abogado, se está pidiendo a la Fiscalía que revise la actuación de quienes llevaron adelante los casos; pues, en muchas ocasiones, los jueces y fiscales que actuaron en estos procesos "se vieron beneficiados con ascensos y viajes".
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