La resolución incluyó el archivo del juicio político que era impulsado por los asambleístas de PK, Ricardo Vanegas y José Chimbo, quienes recomendaban la censura y destitución de los siete consejeros. Sofía Almeida, David Rosero y Juan Xavier Dávalos quedaron fuera de la interpelación.
La decisión se adoptó con los votos de la mayoría de Unes, del Partido Social Cristiano e independientes. En las bancadas de Pachakutik y de la Izquierda Democrática se evidenciaron posiciones divididas.
Los consejeros son acusados de supuestamente haber modificado el reglamento para la designación del nuevo Contralor del Estado y de la falta de transparencia del nombramiento del Superintendente de Ordenamiento Territorial.
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