El último fin de semana, Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), durante un discurso que dio a las bases de la organización, en Morona Santiago, habló de conformar un “ejército propio” que brinde seguridad a las comunidades campesinas.
René Yandún, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Nacional recordó que las únicas entidades reconocidas por la Constitución y las leyes del Ecuador para el cuidado de la seguridad ciudadana y de la soberanía nacional son las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
“Cualquier otra organización armada resultaría ilegal y atentatoria a los 17 millones de ecuatorianos y el artículo 349 del Código Integral Penal sanciona a quienes promuevan la sustitución de la fuerza pública o impiden su normal desempeño, con una pena de 5 a 7 años de prisión, por lo que Jaime Vargas estaría cometiendo un delito penal al proponer la conformación de un ejército comunitario para las poblaciones indígenas y campesinas”, sostuvo el general René Yandún.
El asambleísta dijo que es a la Fiscalía General del Estado a la que le corresponde investigar las declaraciones de Jaime Vargas y determinar si cometió un delito o no.
Además, lamentó que la Asamblea Nacional no diera paso a un proyecto de resolución en contra del líder indígena quien también es responsable de los actos de violencia que generaron terror, saqueos y destrozos durante los 11 días de protestas.
Para Yandún está claro que hay una parte de los legisladores de Alianza PAIS que siguen siendo afines al correísmo y por eso no apoyaron el mencionado proyecto de resolución junto con los legisladores de Pachakutik, brazo político del Movimiento Indígena.
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