Toro detalló que durante su gestión se analizaron las sanciones y se encontró que muchas de ellas iban dedicadas hacia ciertos medios de comunicación, mientras que en otras resoluciones sí se encontraron causales de faltas a la Constitución.
Reconoció que los parámetros bajo los cuales se creó la Supercom no protegieron los derechos de los ciudadanos, un discurso con el que insistieron sus autoridades.
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Durante el proceso de liquidación de la entidad intervino la Contraloría General del Estado, la cual tiene pendiente entregar un informe en el que se detallen varios contratos con irregularidades que Edison Toro habría encontrado durante su gestión y que pertenecen a la anterior administración.
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