Varias organizaciones de defensa de la víctimas de violencia de género e intrafamiliar han denunciado una supuesta reducción del presupuesto para la aplicación de la Ley de Erradicación de la Violencia contra la Mujer; lo que afectaría a los servicios estatales de protección.
Sin embargo, según Catherine Chalá, subsecretaria de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, la preocupación de estas organizaciones "es injustificada"; pues la Secretaría de Derechos Humanos, que contiene a los Servicios de Protección Integral (SPI), no ha sufrido una reducción.
Chalá explicó que "existe una mala información" debido a que los contratos ocasionales de la mayoría del personal del SPI, que tienen una duración de 12 meses, vencieron. No obstante, aseguró, alrededor del 50% de estos funcionarios será reintegrado, con presupuesto de inversión.
Por este motivo, afirmó la Subsecretaria, "la atención continúa en las 46 oficinas de este servicio, pues ninguna ha cerrado"; además, mientras el personal es reintegrado, los centros trabajarán con un equipo mínimo.
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