Combate al crimen organizado
La denominada Ley de Inteligencia propone la creación del Sistema Nacional de Inteligencia, mismo que contará con subsistemas de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, análisis financiero y económico, la Casa Militar Presidencial, tributación nacional, aduanas, sistema penitenciario y otros dispuestos por el Primer Mandatario. A través de la articulación de dichos mecanismos, se realizarán operaciones de inteligencia y contrainteligencia para alertar de eventuales amenazas o riesgos a la seguridad del Estado.
Para el asambleísta por el Partido Social Cristiano, Alfredo Serrano, la propuesta del Gobierno para manejar el sistema de inteligencia cuenta con aspectos positivos. No obstante, precisó que existe una serie de artículos que podrían instalar una narrativa ambigua en torno a la persecución y el espionaje.
Por su parte, Victoria Desintonio, del correísmo, adelantó que su bancada no será una oposición férrea, sino que planteará una votación por bloques de la normativa. Esto, al considerar que ciertos puntos llegarían a ser preocupantes en cuanto a la privacidad de la ciudadanía.
"Adelantarse" a la comisión de delitos
De acuerdo con Andrés Castillo, asambleísta por ADN y vicepresidente de la Comisión de Seguridad, el propósito de la ley del Gobierno es anticiparse al cometimiento de delitos. Esto, mediante la implementación de normas para, dijo, "evitar cualquier tipo de exceso".
Recordó que, si bien la inteligencia existe ya en el país, se necesita fortalecer la institucionalidad, mediante la creación de subsistemas de inteligencia que permitan articular de mejor manera la información en medio del combate al crimen organizado.
Uno de los cuestionamientos a la Ley de Inteligencia es la capacidad de dichos subsistemas de solicitar información a operadoras telefónicas para conocer movimientos de usuarios que requieran las autoridades. Esta propuesta, según Castillo, será únicamente una herramienta para adelantarse a un hecho que pueda ocasionar, eventualmente, una amenaza para el Estado.
"La Ley de Inteligencia lo que persigue es llevar adelante procesos relacionados a la anticipación de un crimen", detalló.
Por otro lado, los gastos reservados en materia de inteligencia también han causado inconformidad con varios sectores, los cuales advirtieron que dicho articulado deja abierta la discrecionalidad en torno al destino de los fondos públicos en cuanto a seguridad.
Según Castillo, la iniciativa busca proteger los gastos que ejecuta el Gobierno para atacar al crimen organizado y que, dichas estructuras ilícitas, desconozcan cómo se equipó el Estado para hacerles frente. Precisó que, ahora, los gastos reservados serán analizados trimestralmente por el Contralor General del Estado.
"Lo que proponemos es que se garantice que haya recursos suficientes, pero que, al mismo tiempo, la mafia no tenga conocimiento de en qué se está invirtiendo", dijo.
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