Propuesta de Gobierno
El Gobierno insiste en su propuesta de llamar a una Constituyente que, según el ministro José De La Gasca, se realizaría en cinco meses. En este periodo, se llevarían a cabo dos procesos: una consulta popular para aprobar la redacción de la Carta Magna y el pronunciamiento ciudadano para respaldar o rechazar el nuevo texto.
De acuerdo con De La Gasca, una de las intenciones del Ejecutivo es nombrar delegados de los diferentes poderes del Estado y representantes de gremios sociales, para definir quienes integrarán la nueva Asamblea Constituyente. Sin embargo, el abogado constitucionalista, Gonzalo Muñoz, señaló que este planteamiento sería contrario al procedimiento legal para redactar un nuevo texto constitucional.
Explicó que, desde el Gobierno, debe presentarse un escrito de justificación de vía que detalle la necesidad de convocar a una Constituyente y no optar por la enmienda o reforma parcial. A esto, se suma un estatuto en el que se delinea la forma de elección de los asambleístas constituyentes y las reglas del proceso electoral, que deberán pasar por el filtro de la Corte Constitucional.
Muñoz enfatizó en que, la propia Constitución, no permite la designación de delegados de los poderes del Estado para un proceso de Asamblea Constituyente, sino que establece que sus integrantes deben ser electos por voluntad popular. Por ello, consideró que la "antepropuesta" del Ejecutivo carece de "legitimidad democrática".
"Lacera el principio de participación ciudadana que debe tener la población en una Asamblea Constituyente. Veo complicado que la Corte Constitucional de paso a esta antepropuesta. Los asambleístas constituyentes deben ser elegidos en las urnas", dijo.
Además, Muñoz recordó que el proceso de la Constituyente requiere de tres protocolos: la aprobación para iniciar el nuevo texto, la elección de los asambleístas constituyentes y la ratificación o rechazo de la propuesta.
La Asamblea Nacional, ¿se eliminará?
En 1998, el antiguo Congreso y la Asamblea Constituyente funcionaron de manera paralela, algo que, según el abogado constitucionalista, Gonzalo Muñoz, podría ocurrir en un escenario actual. Sin embargo, adelantó, será necesario conocer el estatuto remitido por el Primer Mandatario.
"De ser el caso, podría cerrarse la Asamblea Nacional, mientras funciona la Asamblea Constituyente", sostuvo.
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