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El documento aprobado ratifica la regla del 70/30, para que el 70% del presupuesto esté destinado a inversión y el 30% a gasto corriente. La presidenta de la Comisión, Valentina Centeno, insistió en que la propuesta busca la eficacia del gasto de municipios y prefecturas, y advirtió sobre datos remitidos por la Contraloría General del Estado, según los cuales, entre 2023 y 2024, más del 30 % de los exámenes especiales realizados a municipios reflejan indicios de responsabilidad penal, con presuntas infracciones como elusión de procedimientos, tráfico de influencias y falsificación de documentos.
Las reacciones a la aprobación del informe no tardaron en llegar. El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, se pronunció a través de su cuenta de X, donde escribió: "Señoras y señores asambleístas NO comentan un gravísimo error. Está reforma generará desatención de los grupos más desfavorecidos y masivos despidos. El peor de los mundos: gente sin servicio y profesionales sin empleo. Solo en Quito el efecto podría significar 5.000 despidos", alertó el Burgomaestre, quien pidió el archivo de la Ley y un "debate serio" para emplear otras reformas al COOTAD.
Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas, fue otra de las autoridades en pronunciarse sobre este tema. "Se aprueba el informe de las reformas al COOTAD sin que hayan sido escuchadas las voces de quienes administramos el territorio", lamentó en su cuenta de X. "No pretendíamos asistir a la Asamblea para defender privilegios burocráticos, sino para proponer un modelo que funcione para la gente, no solo para el contador del Ministerio de Finanzas", añadió Aguiñaga en la red social. La prefecta afirmó que "esta reforma castiga la inversión social" y agregó: "Los recursos de Guayas les pertenecen a los guayasenses".
El prefecto del Azuay, Juan Lloret, también cuestionó las reformas al COOTAD que se tramitan en la Asamblea. "Que nadie olvide los nombres de estos asambleístas centralistas que pretenden, en medio del feriado y sin escuchar a las autoridades de los GAD. legislar contra la autonomía municipal y de las prefecturas". A través de su cuenta de X, el prefecto azuayo afirmó que "este proyecto de Ley pretende reducir 1000 millones de dólares en asignaciones y con eso liquidar a los municipios pequeños y eliminar los proyectos sociales".
Otra de las autoridades en reaccionar fue la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, quien señaló que "el informe para segundo debate se aprobó sin escuchar a las provincias y ciudades". "Es incomprensible que la Asamblea haga oídos sordos a nuestros argumentos", señaló Pabón, al tiempo que anunció que insistirán "en ser escuchados en el segundo debate" de la propuesta del Gobierno.