Lavado de activos
Nuevos detalles sobre el Caso Laberinto salen a la luz tras los pronunciamientos oficiales de José Julio Neira y la directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), Ana Paula Patiño.
Ambos funcionarios explicaron los fundamentos técnicos, los chats procesales y el entramado financiero tras la investigación por presunto lavado de activos que motivó la detención de Luisa González.
La investigación salpica a otros dirigentes de la Revolución Ciudadana, incluyendo al expresidente Rafael Correa y al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.
Dinero en efectivo desde Venezuela y chats
Según explicó Neira, la hipótesis central de la Fiscalía apunta a que el financiamiento de la campaña presidencial de 2023 del binomio Luisa González - Andrés Arauz habría recibido la inyección de dinero en efectivo proveniente de Venezuela.
Uno de los pilares probatorios de esta causa radica en conversaciones periciadas del 26 de junio de 2023:
- Un socio de la investigación consultó a un contacto identificado como "Aquiles Álvarez 1" sobre el presupuesto global de la campaña, fijado en USD 500 000.
- La respuesta instruía destinar los fondos a brigadistas, camisetas y otros gastos logísticos, bajo la orden explícita de pagarlo todo en efectivo.
Neira puntualizó que estos chats vinculan directamente a Aquiles Álvarez y su entramado social con el manejo ilícito de recursos, además de investigar presuntas prácticas de sobornos.
Asimismo, pago de coimas a proveedores e incluso posibles nexos con estructuras del narcotráfico.
Ingresos no justificados
Por su parte, la directora de la UAFE, Ana Paula Patiño, detalló las alertas y patrones inusuales detectados por la inteligencia financiera en el período comprendido entre 2020 y 2026 sobre la figura principal analizada:
- Más de USD 400 000 sin justificación: Se detectaron ingresos millonarios sin soporte legal ni comercial. El 80% de ese dinero fue recibido en un lapso de solo dos meses mediante depósitos y transferencias.
- Terceros y ciudadanos extranjeros: Los ordenantes de las transferencias no registraban relación contractual o laboral con la persona analizada. Muchas de estas transacciones habrían sido ordenadas por terceros de nacionalidad venezolana y colombiana con perfiles económicos que no correspondían a los montos movilizados.
- Ruta para ocultar el rastro: Se identificó un mecanismo de intermediación intrafamiliar seguido de la conversión de fondos bancarios a efectivo para dificultar la trazabilidad, además de la compra de bienes inmuebles y pago de cuentas mediante transacciones no justificadas.
Tanto Neira como Patiño insistieron en que el financiamiento político exige la máxima transparencia y el rastreo estricto de la ruta del dinero.
Fuente: Teleamazonas