Investigación por asociación ilícita
La fiscal general Diana Salazar presentó una solicitud formal ante la jueza Daniella Camacho para que se fije fecha de audiencia con el fin de vincular a Andrés Arauz, Esther Cuesta y Raúl González en una investigación por presunta asociación ilícita, en el marco del caso Ligados.
La causa ya incluye a exvocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), quienes habrían participado en una presunta red de influencias para beneficiar políticamente a ciertos actores. Entre los nuevos señalados está González, exsuperintendente de Bancos, cuya controvertida designación estaría relacionada con presiones ejercidas desde el Legislativo y el CPCCS, contraviniendo incluso un dictamen constitucional.
De acuerdo con las pesquisas, una parte clave de la evidencia se basa en conversaciones y registros digitales extraídos del teléfono de uno de los primeros imputados, que revelarían contactos frecuentes con figuras de la Revolución Ciudadana, como Arauz y Cuesta. Esta última habría tenido un rol activo al postergar procesos legislativos que afectaban decisiones sobre altos cargos públicos.