"El Ecuador no debe salir de la CPI, mal que le pese a Estados Unidos", es el nombre de un artículo escrito por Gonzalo Ortiz, exembajador de la República. Su idea parte de una presión ejercida desde Washington en Latinoamérica para que varios países abandonen este sistema del cual son signatarios 125 Estados.
Esta semana, Estados Unidos impuso sanciones a Tomoko Akane, presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), y al abogado de la fiscalía Abdoulaye Seye, según informó el Departamento del Tesoro. La decisión amplía las medidas adoptadas por la Administración de Donald Trump contra funcionarios de la CPI. Washington acusa al tribunal de exceder sus competencias y cuestiona sus investigaciones relacionadas con ciudadanos estadounidenses e Israel.
El secretario de Estado, Marco Rubio, defendió las sanciones y afirmó que su Gobierno no permitirá acciones que, a su juicio, afecten la soberanía de Estados Unidos.
Pero, ¿cuál es su incidencia en Ecuador?
De acuerdo con Ortiz, estas recientes medidas adoptadas desde Estados Unidos marcan una pauta de la administración Trump contra el organismo encargado de juzgar delitos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra. A esto, se suma la intención de ganar adeptos en Latinoamérica para respaldar esta postura que, según Ortiz, no debe ser sostenida por el Ecuador.
"Es una conquista de la humanidad tener una Corte Penal Internacional (...) no debemos aceptar esta presión insólita de los Estados Unidos para que hagamos lo que ellos quieren frente a los organismos internacionales", dijo.
El argumento de Washington es que la Corte Penal Internacional despoja la soberanía de los países, pero a criterio de Ortiz, se trata de un pensamiento "infantil" y "pueril". Recordó que, si un Estado consiente el ser parte de este mecanismo, es porque existe legislación vigente adecuada a lo que establece la normativa internacional.
El bagaje de la Corte es amplio, según Ortiz. Ha resuelto casos en Libia, Filipinas, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Sudán y Ucrania. Pero la principal preocupación de Estados Unidos, indicó, es lo que ocurra con Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel y sobre quien pesa una orden de prisión internacional emitida por la CPI.
Se trata de un inconveniente que, lejos de ser problema de Ecuador, dijo Ortiz, tiene un tinte de política internacional que compete netamente a la Casa Blanca.
"Debemos decirles que la política nacional de un país, aunque sea pequeño, es soberano y no podemos aceptar este tipo de presión", enfatizó.
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