Control social
"Si es lo que cuesta para estar más cerca de las personas, es lo que vamos a hacer", declaró Niels Olsen, presidente de la Asamblea Nacional, al defender los constantes traslados de los legisladores a distintas ciudades del país.
Según el titular del Legislativo, las sesiones "en territorio" buscan estar más cerca de la gente, asociaciones y medios locales.
Al ser consultado si considera que esta debería ser una época de austeridad, Olsen respondió: "Estamos en una época de que la Asamblea Nacional tiene que estar cerca de la gente".
En NotiMundo al Día, Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), lamentó que en el país se priorice gastar estos exorbitantes montos en sesiones fuera de la sede de la Asamblea, en lugar de destinarlos en áreas donde existen serios problemas, como la salud y seguridad.
"No es que los asambleístas gastan de su sueldo, sino que se lo hacen con el dinero que pagamos los ecuatorianos a través de nuestros impuestos", agregó.
Espinel recordó que la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) establece la implementación de casas legislativas en todas las provincias, que tienen como objetivo que los legisladores de todas las zonas del país puedan acercarse a los ciudadanos.
"Hay que preguntarle al señor Olsen, ¿no se están usando estas casas legislativas?", dijo.
Para Espinel, la austeridad que pregonaba Olsen al inicio de su gestión "solo quedó para el TikTok", al tiempo que recordó que la cercanía con la gente no se traduce en un traslado físico, sino que debe hacerse todos los días y por distintos canales.
A su criterio, otra sería la evaluación si de estos traslados se generan resultados, como la construcción de un proyecto de ley de iniciativa ciudadana, por ejemplo.
"Lamentablemente, estamos frente a individuos que no viven para la política, sino de la política, y esto es lo que al ciudadano le indigna", apuntó.
Por otro lado, recordó que el salario de un legislador supera los USD 4.000, y para el caso de los asambleístas de otras provincias reciben una compensación económica de USD 1.500 para el arriendo en Quito, que no supera los USD 900, según un estudio de FCD.
A todo esto, se suman los montos que se destinan para viajes al extranjero. Espinel insistió en que la LOFL obliga a los asambleístas a reportar los motivos y resultados de sus viajes.
"¿Para qué tenemos distritos de asambleístas del exterior, si una asambleísta electa por Chimborazo, como Mishelle Mancheno (de ADN), viaje a Europa a reunirse con migrantes?", cuestionó.
Espinel exhortó a que la ciudadanía ejerza su derecho al control social y la rendición de cuentas.
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