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Las dependencias judiciales penales y especializadas en corrupción y crimen organizado de Quito se concentrarán exclusivamente en la resolución de procesos relacionados con esas materias.
La medida se adoptó el pasado 28 de septiembre por parte del pleno del Consejo de la Judicatura (CJ), que aprobó que los magistrados especializados de las unidades judiciales penales de Iñaquito y Mariscal Sucre, del Tribunal Penal de Iñaquito y de la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha dejen de conocer nuevas causas de garantías jurisdiccionales, como habeas corpus, habeas data, acciones de protección, entre otros.
El CJ informó que las garantías jurisdiccionales que se encuentran en conocimiento de esas dependencias penales especializadas continuarán bajo su responsabilidad hasta su resolución definitiva.
"Los nuevos procesos constitucionales que se presenten en Pichincha serán sorteados entre las dependencias judiciales de lo Civil, Laboral, Familia, etc", precisó el organismo.
En NotiMundo al Día, Salim Zaidán, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Uniandes, recordó que la argumentación de los vocales de la Judicatura es aliviar la carga procesal, ahora que los jueces penales ordinarios asumirán el conocimiento de causas relacionadas con corrupción y crimen organizado.
Sin embargo, Zaidán dijo que la decisión genera preocupación, pues los jueces civiles o de familia podrían no estar preparados para conocer y resolver sobre garantías jurisdiccionales.
El recurso de habeas corpus, por ejemplo, generalmente está relacionado con la materia penal, por lo que se abren interrogantes de si quienes asuman estos procesos cuenten con la formación y experiencia necesaria para resolverlos.
"Me habría gustado que el Consejo de la Judicatura más bien nombre jueces de instancia especializados en materia constitucional", apuntó.
En este sentido, calificó de errática a la decisión adoptada por el CJ.
"Las garantías jurisdiccionales requieren cierto nivel de especialidad en materia constitucional y dominio de la jurisprudencia de la Corte Constitucional; no sé si la tengan los jueces civiles, laborales, etc.", alertó el abogado constitucionalista.
Para Zaidán, el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, archivado en mayo pasado, hubiese sido una oportunidad para fortalecer esas garantías y no debilitarlas, "como creo que va a terminar sucediendo".
Sobre la falta de implementación de juzgados especializados en materia constitucional, Zaidán consideró que podría responder a una falta de presupuesto. Por ello, dijo, la Judicatura debería solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas la asignación oportuna de recursos para cumplir con el mandato popular de 2024.
Zaidán reconoció que muchas de las decisiones que está tomando la Judicatura, con Mercedes Caicedo al mando, generan gran preocupación.
"La prioridad en el tratamiento de la materia constitucional frente a los juicios ordinarios, era una demostración de la importancia que se daba al sistema de garantías y a la tutela de derechos", explicó el jurista.
No obstante, en con esta decisión "no se está tomando en cuenta el carácter de urgencia que tienen las garantías jurisdiccionales y los plazos estrictos que tienen en cuanto a las resoluciones y, sobre todo, la especialidad que se requiere", insistió.
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