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Industrias de alto y medio voltaje sufren desconexiones de 72 horas para -según el Gobierno- garantizar la estabilidad operativa del Sistema Nacional Interconectado (SNI).
Aunque el régimen ha descartado apagones para el sector residencial, ya se reportan cortes de luz no programados en Ecuador. La drástica caída del nivel de agua en el embalse de Mazar, una de las principales reservas para la generación eléctrica, sumada a otros factores, ha derivado en que desde varios sectores se exija al Gobierno transparencia y previsión, con el objetivo de minimizar los impactos de la crisis energética.
En NotiMundo al Día, José Hidalgo Pallares, director general de la Corporación de Estudios para el Desarrollo (Cordes), reconoció que la situación actual es "bastante complicada", y quizá por ello el presidente Daniel Noboa suscribió, en junio de 2025, el Decreto Ejecutivo 32, donde se ordena a las empresas con tarifas de alto voltaje a implementar sistemas de autogeneración eléctrica.
El problema, dijo, es que el impacto que provocan las desconexiones de tres días a la semana en la producción, la cadena de pagos y hasta en los empleos, también se refleja en los hogares.
"Excluir de los apagones a los hogares no significa que no sufran las consecuencias de esta crisis", acotó.
En este sentido, consideró urgente abordar la conveniencia de que los cortes de luz recaigan únicamente en el sector productivo o si sería mejor para la economía en su conjunto que, "con las molestias que esto causa y con el costo político que puede tener", el sector residencial se sume a los racionamientos, para tener un mejor manejo de la crisis y reducir los impactos negativos.
"Para un hogar, ¿qué es menos perjudicial? ¿tener un corte de energía de tres o cuatro horas durante unos días o que uno de los miembros del hogar pierda el trabajo porque en la empresa donde estaba no pudo mantener sus niveles de producción", acotó.
Sobre el pedido de José Julio Neira, secretario de la Administración Pública, para que la fuerza pública intervenga en empresas que supuestamente no han cumplido con las desconexiones impuestas, Hidalgo lo calificó como una medida "desproporcionada".
Si bien consideró necesario el cumplimiento de las directrices, Hidalgo recordó que los policías y militares son los encargados de velar por la seguridad ciudadana, e irrumpir en un establecimiento que está trabajando y produciendo no sería lo más adecuado.
Agregó que es necesario que las empresas sean escuchadas para que sus propuestas sumen esfuerzos que permitan al país superar este momento.
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