Fiscalización
Por unanimidad, la Comisión de Fiscalización calificó el pedido de juicio político contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. A partir de este momento, los interpelantes y el interpelado serán notificados para que en un plazo de 15 días presenten sus pruebas de cargo y de descargo.
Recuperar la institucionalidad de la Función Judicial es, según el presidente de la mesa legislativa, Ferdinan Álvarez, el punto en común entre el oficialismo y la Revolución Ciudadana con el enjuiciamiento político, pero cuestionó un supuesto doble discurso del correísmo cuando, en su momento, salvó a Wilman Terán de la censura.
Durante la sesión, Ana Belén Tapia, vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, consideró que la calificación del juicio político contra Mario Godoy tumbó la narrativa del correísmo de un supuesto acuerdo entre ADN con el presidente de la Judicatura.
Los pedidos de excusa a los que se refirió Tapia vinieron de la Revolución Ciudadana contra los legisladores José Nango y Luigi García. La solicitud del correísmo fue que ambos se abstengan de conocer el proceso, alegando un supuesto conflicto de intereses con Mario Godoy, a lo que ambos negaron cualquier tipo de vínculo.
La asambleísta Ana Herrera cuestionó que, pese a la ola de cuestionamientos contra Mario Godoy, este no haya renunciado al Consejo de la Judicatura para dar mayores garantías de independencia judicial.
La victoria no es de los interpelantes, ni del correísmo, sino de la ciudadanía, señaló en NotiMundo Estelar el asambleísta por la alianza Revolución Ciudadana-Reto, Raúl Chávez. La calificación del juicio político contra Mario Godoy, el centro de las acusaciones en la crisis de la Función Judicial, dijo, es un paso más para develar las denuncias de presiones y amenazas en la justicia.
Reconoció que, si bien existía el riesgo de que el proceso se archive, ahora la tarea de los interpelantes es permanecer vigilantes del enjuiciamiento político y alistar las pruebas para sustentar el incumplimiento de funciones.
Adelantó que, entre los testimonios que podrían aportar para la fiscalización serían los de Henry Gaibor, exdirector provincial de Pichincha que habría presionado para obtener un fallo en favor de un ciudadano serbio procesado por lavado de activos; el juez Carlos Serrano, quien recibió la presión de Gaibor, la exvocal de la Judicatura, Solanda Goyes y la exdirectora provincial de la Judicatura en Orellana, Samantha Lozada.
Otra de las voces que contemplan los interpelantes, según Chávez, es la de José Suing, quien recientemente renunció a la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia. Consideró que, parte de lo que ocurre en la Función Judicial, es responsabilidad de Suing por incluir a Mario Godoy en la terna para presidir el Consejo de la Judicatura.
"Estamos absolutamente convencidos que las pruebas son contundentes", dijo.
Chávez consideró que, más allá de un tema de organizaciones políticas, el enjuiciamiento político de Mario Godoy representa un tema ciudadano en busca de una verdadera depuración de la justicia.
"Le he pedido a los asambleístas de ADN, públicamente, que comparezcan y se sumen. Aquí no se trata de que una bancada sea la que lleve el juicio político, sino que la Asamblea haga lo que tenga que hacer", manifestó.
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