Trámite legislativo

Ley sobre el reclutamiento a menores plantea 'perímetros sagrados' para prohibir grafitis en apología al crimen en alrededores de escuelas y colegios

La prevención del reclutamiento de menores por el crimen organizado es ley. 15 cuerpos normativos fueron reformados con el proyecto aprobado en la Legislatura.

Con 88 votos, la ley para evitar el reclutamiento de niños y adolescentes fue aprobada en el Pleno de la Asamblea Nacional. El bloque del correísmo votó en abstención.

La iniciativa, que reforma 15 cuerpos legales, plantea un aumento de 22 a 26 años en la pena de quienes utilicen a niños y adolescentes con fines delictivos.

El proyecto reconoce, además, la protección digital de menores expuestos a través de medios digitales. Se propone un bloqueo temporal de direcciones IP y dominios electrónicos que contengan contenidos relacionados al reclutamiento criminal.

En la propuesta, se incorpora también el rol de instituciones educativas como actor clave en la estrategia de prevención. Por ello, escuelas y colegios deberán aplicar protocolos para actuar ante situaciones de cooptación por parte de estructuras ilícitas.

Prevenir, detectar, proteger y erradicar el reclutamiento de niños y adolescentes es el objetivo de la normativa, dijo en NotiMundo Estelar, Diana Jácome, asambleísta de ADN y ponente del proyecto. Dos verbos rectores se incorporan en la legislación ecuatoriana, detalló. Se trata del "uso" y "utilización" de menores por el crimen organizado que se suman al reclutamiento y delimitarán a las autoridades judiciales las penas impuestas.

Uno de los puntos altos del proyecto, detalló Jácome, es el capítulo sobre 'Perímetros sagrados', que impide la existencia de logos, apología al crimen organizado o grafitis en llamado de la narcocultura en los exteriores de establecimientos educativos. Con esta base, se genera una responsabilidad a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), los cuales deberán elaborar ordenanzas para regular esta restricción y aplicar las debidas sanciones.

"Es el deber de todos, sociedad, Estado central, gobiernos seccionales, trabajar en conjunto", dijo.

Otro de los aspectos a considerar es el monitoreo, alerta y bloqueo de contenidos vinculados al reclutamiento de menores. Jácome explicó que el Consejo de Comunicación deberá analizar los contenidos y emitir la advertencia al ente regulador de telecomunicaciones. Luego, con una decisión judicial favorable, se dará la suspensión del URL o IP involucrado.

Una vez se publique la ley, se tendrá 90 días para desarrollar una normativa secundaria que establezca parámetros sobre cómo se implementará el proceso para denunciar.