Nacional
Alcaldes en funciones, excandidatos a dignidades de elección popular y miembros de organizaciones delictivas figuran entre los aprehendidos en las operaciones que se realizan a escala nacional.
En 2025, el exdirector de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), Alan Sierra, lamentó que, pese a los esfuerzos del Gobierno de Daniel Noboa, quien está en el poder desde 2023, los resultados no sean los esperados.
Un año después, la realidad es un tanto distinta.
En NotiMundo al Día, Sierra señaló que, según la información oficial, los resultados obtenidos en los últimos meses dan cuenta de que las autoridades están en la dirección correcta. Sin embargo, eso no significa que no existan errores en los procesos realizados en esta materia.
Involucrar a personas inocentes, crear falsos positivos o interpretar erróneamente el análisis de vínculos sería "lamentable" e inadmisible, sostuvo. Las autoridades tienen que ser "perfectas en este sentido" y no pueden equivocarse, apuntó.
Sierra explicó que la UAFE no es la única entidad que tiene que responsabilidad en esta área, sino que el sistema antilavados debe funcionar como un engranaje donde se pueda combatir el delito desde distintos frentes.
"La UAFE es copartícipe para gestionar el control y supervisión de lo que la ley exige, pero también hay una responsabilidad en cuanto a los paradigmas y entender la obligación del sector privado en formalizarse. Ahí todavía hay vacíos", subrayó.
Sierra consideró que la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y de la Financiación de Otros Delitos, que entró en vigor el 29 de julio de 2025, es mucho mejor a las que le precedieron en esta materia. No obstante, consideró que es necesario ir más allá de la legislación y verificar que las áreas donde se materializa el delito (bancos, sector inmobiliaria, etc.) deben fortalecer sus controles para evitar nuevos casos.
"A los bancos les falta mucho, como mejorar su algoritmo", alertó.
Así mismo, añadió que se debe fortalecer el sistema judicial para poder dirimir entre quienes fueron promotores del delito y quienes fueron utilizados.
Recordó que en los países de la región se lava entre el 7,5% y 10% del Producto Interno Bruto (PIB), aunque el porcentaje podría ser mayor.
"Ese valor se queda corto; esta es la foto global de la región. Dentro de nuestro país debemos abordar procesos que permitan combatir el lavado de activos", sentenció.
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