Horas antes del debate definitivo de la Ley de Áreas Protegidas, Diego Franco, vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Económico, aclaró temas que fueron cuestionados por grupos ambientalistas y la oposición del Gobierno.
"No hay nada más falso que la privatización de áreas protegidas", dijo, al puntualizar que cuando la normativa se refiere a la intervención del Estado en conjunto con la inversión privada en ecosistemas vulnerables, se habla de una readecuación del espacio como senderos, baños, puntos de información y servicios de emergencia. Esto, exclusivamente, en zonas que no sean consideradas intangibles.
Detalló que, el 20% del territorio nacional está compuesto por áreas protegidas. Son 78 zonas, de las cuales 36 están habilitadas para hacer turismo, y sería en estas, únicamente, donde se podrán realizar adecuaciones.
"Es importante para el propio mantenimiento del área protegida, que tengamos servicios de calidad", indicó.
Otro de los señalamientos se dirige a la creación del Servicio Nacional de Áreas Protegidas. Sobre este tema, Franco señaló que este organismo, incluido en el Ministerio de Ambiente, será el encargada de recibir proyectos de infraestructura y tendrá acceso al fideicomiso, así como a donaciones nacionales e internacionales.
Franco también se refirió a la intervención de las Fuerzas del Orden en áreas protegidas, donde exclusivamente exista una presencia de grupos armados organizados. Señaló que, se trataría de una especie de apoyo y respaldo a los 600 guardaparques que trabajan en todo el país. Esto, frente a un déficit de dichos profesionales cuando deberían existir alrededor de 11 mil.
De acuerdo con el asambleísta, cada guardaparque en la actualidad está encargado de cuidar un área equivalente al tamaño de Quito. Por ello, indicó, la incorporación de las Fuerzas del Orden sería parte de una "transversalidad" para evitar la cooptación del crimen organizado en sitios protegidos.
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