Consulta popular
La consulta popular impulsada por el Gobierno se realizaría, tentativamente, el 30 de noviembre, mientras se espera que el presidente Daniel Noboa remita las siete preguntas a la Corte Constitucional. Una de las interrogantes de mayor debate es la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la transferencia de sus atribuciones a la Asamblea Nacional, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría.
Esta pregunta, según Hernán Ulloa, expresidente del CPCCS, debe verse desde distintas aristas. Una de ellas, es la debilidad de la institución que recae sobre la modalidad en la que son elegidos los siete consejeros y la presión que se ejerce sobre ellos, debido a las intenciones políticas de los distintos partidos que podrían impulsar juicios políticos en la Legislatura.
Se trata de "fragilidades" que, de acuerdo con Ulloa, impiden el cumplimiento de las funciones de los integrantes del Pleno del Consejo. A esto, dijo, se suman los numerosos trámites para elegir autoridades de control, en una especie de "concurso dentro de otro concurso", debido a que no es el CPCCS el que designa directamente un funcionario, sino las comisiones técnicas de selección.
Por otro lado, el expresidente del Consejo consideró que la institución, como tal, tendría fines "nobles" y funciones importantes como el control social y la capacitación a la ciudadanía para participar de procesos democráticos. Una especie de "contraloría ciudadana" que, reconoció, ha sido olvidado por la facultad conflictiva de designación de autoridades.
Por ello, puntualizó que, si no existen mayores garantías para que los consejeros ejerzan sus funciones lejos de presiones políticas, el mejor camino sería prescindir del Consejo.
"Si es que las leyes no se reforman para mejorar y blindar los procedimientos, es mejor que desaparezca el CPCCS", dijo.
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El país en modo electoral
Desde la Asamblea Nacional, la reacción en torno a la segunda consulta popular del presidente Noboa depende de la bancada. Raúl Chávez, de la alianza Revolución Ciudadana-RETO, consideró que este panorama marca el inicio de un nuevo proceso electoral.
Precisó que, las movilizaciones anunciadas por el Gobierno en contra del pronunciamiento de la Corte Constitucional que echó abajo el efecto de tres de sus leyes, responde a una "medida de presión" para obtener la razón, pese a la advertencia desde la Legislatura de vicios de inconstitucionalidad.
Hay "muchos temas y narrativas que se imponen", dijo Chávez al apuntar al Ejecutivo por manejar las líneas argumentales de lo que se discute en todo el país, cuando existen problemáticas urgentes. Entre ellos, dijo, se incluyen la crisis en el sistema de salud y el déficit energético que no ha sido suplido por los fallidos contratos con Progen y Austral Technical Management.
Pese a esto, adelantó que, si existen normativas positivas para el país, no descarta una votación con el Gobierno.
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