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El próximo 29 de noviembre, además de autoridades seccionales, los ecuatorianos elegirán a los nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), pese a los procesos en cola que mantienen los actuales consejeros.
"Nos encontramos vigilantes a que los candidatos respeten la Ley Electoral", alertó en su cuenta de X la presidenta del Observatorio de Control Ciudadano, Mónica Jaramillo.
"Analizamos su idoneidad e independencia de los actuales candidatos, para evitar que respondan a intereses políticos y garantizar que la ciudadanía ejerza su derecho al voto de manera informada, libre y responsable", agregó Jaramillo.
En NotiMundo al Día, Jaramillo señaló que los pendientes de este organismo podrían configurarse como incumplimiento de funciones, dentro de la crisis institucional que enfrenta el organismo.
Cuestionó que desde el Consejo Nacional Electoral (CNE) no se efectúe un control adecuado para prevenir y sancionar la campaña anticipada, que en este caso estarían cometiendo cuatro de los consejeros que buscan la reelección.
"Estamos frente a un CPCCS que dentro del período para el que fueron designados no han cumplido sus funciones y que, a manera de trabajo en territorio, mantienen una participación activa para un posicionamiento estratégico de su imagen", acotó.
Sobre procesos que están en curso, como el cuestionado concurso para designar al próximo Fiscal General del Estado, Jaramillo lamentó que un proceso tan importante esté empañado por la falta de transparencia con la que se lo ha manejado.
Por otro lado, recordó que el 20 de octubre de 2026 se cumplen los cuatro años de designación de Juan Carlos Larrea como procurador general del Estado. Sin embargo, el proceso para elegir a su reemplazo no ha avanzado.
"Esta es otra de las causales para empezar a hablar de un eventual juicio político contra los actuales miembros del CPCCS", apuntó.
En este sentido, Jaramillo exhortó a la ciudadanía a ejercer un voto responsable, para que los temas en cola puedan ser evacuados y que los funcionarios respondan a los intereses ciudadanos y no de otros sectores.
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