Trámite legislativo
Con 80 votos a favor y 23 en contra, el Pleno de la Asamblea aprobó el texto íntegro de la Ley de Áreas Protegidas. Durante la sesión, la jefa de bancada del oficialismo y presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Valentina Centeno, rechazó las acusaciones emitidas desde distintos sectores que apuntaban a la normativa por abrir la puerta a la privatización de ecosistemas vulnerables.
Por otro lado, Centeno precisó que la intervención de las Fuerzas del Orden en zonas protegidas ocurrirá exclusivamente en aquellas donde exista la presencia de grupos armados organizados.
De acuerdo con Inty Grønneberg, científico y ambientalista, la ley recientemente aprobada surge en medio de la necesidad de estructuras claras y modernas para financiar la conservación de áreas protegidas en el país. Aclaró que, más allá de acusaciones por supuestamente privatizar estos espacios, se trata de una propuesta para que no sea el Estado el único encargado de financiar este mantenimiento y preservación.
Esta urgencia, según el experto, responde a la discusión de varios países del mundo por aumentar la inversión para la conservación de áreas protegidas y resguardar la biodiversidad. Un ejemplo de esto, señaló, es Costa Rica, que ha manejado un buen modelo de gestión de ecosistemas vulnerables, mientras que, en Ecuador, indicó, se manejaba una "visión del siglo pasado".
Con la normativa, calificada como urgente en materia económica por parte del Gobierno, se crea el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, vinculado al Ministerio de Ambiente. Este mecanismo, dijo Grønneberg, puede ser calificado como un acierto, al darle cierto nivel de autonomía al organismo, y declinar la intención del oficialismo de crear una Empresa Pública para este cometido.
Otro punto alto, según Grønneberg, fue la modificación del texto inicial del proyecto con respecto al uso de suelo en áreas protegidas. Esto, dijo, debido a que anteriormente existía cierta ambigüedad sobre la posibilidad de edificar cualquier tipo de infraestructura. Ahora, la ley establece y obliga que todo proyecto de intervención en áreas protegidas requiere de licencia ambiental y social.
Pese a esto, el experto anticipó que el reto del Gobierno será elaborar un reglamento sólido que "blinde" procesos de intervención en áreas protegidas, y cierre la posibilidad de excesos de empresas que pretendan aprovechar esta oportunidad para generar proyectos que afecten a zonas ambientales.
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