Asamblea Constituyente
Este 25 de septiembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró el inicio del proceso para la consulta popular 2025, sobre la propuesta de Asamblea Constituyente. La resolución ocurrió un día después del dictamen favorable de la Corte Constitucional, la cual constató que la Presidencia de la República subsanó las observaciones formuladas en pronunciamientos anteriores.
En su decisión, el CNE notificó al Ejecutivo, la Corte, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), la Contraloría y otras instituciones sobre el inicio del proceso. Además, encargó a las coordinaciones y direcciones del CNE ejecutar las gestiones técnicas y operativas necesarias para articular y unificar la consulta con el referendo ya en desarrollo, que se celebrará el 16 de noviembre.
Con esto, las organizaciones políticas y sociales que decidan hacer campaña por el "SÍ" o el "NO" en el proceso, podrán inscribirse hasta el 1 de octubre.
Un análisis de la propuesta
Una vez solventadas las observaciones y con el dictamen de la Corte Constitucional, la convocatoria a una Asamblea Constituyente tiene "plena viabilidad y constitucionalidad", señaló en NotiMundo A La Carta, Esteban Ron, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UISEK. Con este pronunciamiento, detalló, no se pueden hacer más puntualizaciones o modificaciones, puesto a que los documentos remitidos a la Corte gozan ya de constitucionalidad.
Más allá del tema de forma, el contenido del Estatuto alberga ciertas falencias, según Ron. A su criterio, el documento es "insuficiente" en algunos aspectos como la sede de dónde se realizará la Constituyente y mayores exigencias en requisitos para redactar una nueva Carta Magna.
Otra de las observaciones, de acuerdo con Ron, se centran en el método de asignación de escaños a los asambleístas constituyentes. Se trata de 24 legisladores nacionales, 24 provinciales con la posibilidad de aumentar uno más por cada 471 mil habitantes, y 6 del exterior. Este modelo, advirtió Ron, ocasionaría que 12 provincias tengan un menor nivel de representación.
Estas serían Cotopaxi, Imbabura, Santa Elena, Cañar, Bolívar, Sucumbíos, Morona Santiago, Orellana, Carchi, Napo, Zamora Chinchipe, Pastaza y Galápagos, las cuales no contarán con una segunda representatividad por carga de electores, es decir, por densidad poblacional.
"Hay una crítica fuerte en este sentido, porque el método de votación -listas cerradas y bloqueadas- hace que nosotros votemos en plancha. Se eliminará la participación de minorías político partidarias con escasas posibilidades de llegar a la Constituyente", dijo.
Por otro lado, Ron destacó la importancia de independizar los procesos del referendo y la consulta popular. Esto, mediante la separación de las preguntas en las papeletas para que el elector "tenga liberad de discernimiento" en torno a las interrogantes.
Los procesos en curso
Por la Asamblea Constituyente, el país regresará a las urnas en tres ocasiones. Una para aprobar la convocatoria, la segunda para la elección de los legisladores constituyentes y la tercera para votar a favor o en contra del nuevo texto constitucional. Sin embargo, a esto, señaló Ron, se le suma la elección como consecuencia de la reestructuración del Estado.
La redacción del nuevo texto tendría una extensión máxima de ocho meses y, en octubre o noviembre del próximo año, Ecuador sufragaría nuevamente. En febrero o marzo del 2027, también se tiene prevista la elección de autoridades del Ejecutivo y el Legislativo, lo que, advirtió, se juntaría con las seccionales.
Recordó que, el referendo consulta popular del 16 de noviembre del 2025 costará más de USD 59 millones, y un costo similar se adjudicaría al resto de pasos que integran la Constituyente. A esto, también debe sumarse el rubro atribuido a la organización de comicios generales y de autoridades locales.
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