Trámite legislativo
Uno de los proyectos de ley económico urgentes presentados por el Gobierno se trata de las administraciones locales. La normativa establece una regla fiscal clara y verificable para que los GAD destinen progresivamente un mínimo del 70 % de su presupuesto a inversión, mantenimiento y reposición de infraestructura y servicios públicos.
Para ello, se prevé un régimen de transición gradual: 60 % en 2027, 65 % en 2028 y 70 % desde 2029 en adelante. Además, contempla un tratamiento diferenciado para las juntas parroquiales rurales pequeñas, con plazos más amplios para su implementación.
Según el Ministerio de Economía y Finanzas, entre 2021 y 2024 la inversión promedio de los GAD en estos rubros no superó el 45 % de su presupuesto, lo que ha resultado insuficiente frente a las brechas existentes en agua potable, saneamiento, vialidad e infraestructura local.
El proyecto incorpora mecanismos de control mediante un anexo obligatorio en la proforma y reforma presupuestaria, verificación en las fases de formulación, ejecución y liquidación del presupuesto, publicación trimestral de información para control ciudadano y establecimiento de responsabilidades administrativas y civiles en caso de incumplimiento.
Napoleón Santamaría, abogado tributario, consideró que esta propuesta del Ejecutivo busca "poner orden" al manejo de las finanzas públicas. Explicó que la iniciativa plantea un 70% destino a gasto de inversión y el 30% al gasto corriente.
Al hablar de gastos corrientes, los Municipios destinan dichos fondos a sueldos, gastos administrativos, publicidad y eventos, mientras que el gasto de inversión implica todo lo relacionado a obra pública en materia social, educación, alcantarillado, entre otros ámbitos.
Señaló que el proyecto de ley del Gobierno tiene como objetivo reducir el gasto en fiestas y artistas que representan un alto rubro para los Cabildos, y dejar de lado el gasto de promoción y publicidad. Pero, por otro lado, dijo, está la posibilidad de recortar el personal de las administraciones locales, entre ellas, las juntas parroquiales.
"Que debemos ajustar las tuercas, definitivamente sí. En algunos casos será doloroso, pero necesario", dijo.
Un ejemplo de la cantidad de dinero que ingresa en los Municipios, señaló, es el de Quito. La capital obtendría entre USD 470 millones y USD 500 millones por concepto de impuestos y patentes, cuyo destino no es precisamente conocido por la ciudadanía. Santamaría señaló que la normativa propuesta por el Gobierno solo impondría restricciones al uso del dinero transferido por el Estado, no sobre los impuestos propios de cada municipio, quienes conservarían libertad sobre estos fondos.
Pero otro de los problemas, según Santamaría, es la baja ejecución presupuestaria de lo recaudado por las administraciones locales. Santamaría señaló que, mientras en Quito solo se ejecuta el 60% del gasto de inversión planificado, Medellín logra un 103% (endeudándose para cumplir metas) y Curitiba un 137%, convirtiéndose en ejemplos de gestión moderna y generando crecimiento con alta inversión extranjera y mecanismos de financiamiento bursátil.
Además, se refirió a una obligación que, a su criterio, será de vital importancia en la ley: la rendición de cuentas cada tres meses a los ciudadanos sobre el destino de los fondos, mecanismo ya exitoso en el Reino Unido. Este proceso permitiría a los habitantes conocer y auditar las partidas de gasto, elevando la presión social para que los gobiernos subnacionales corrijan excesos o desvíos.
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