Crisis carcelaria
La reforma al sistema penitenciario ecuatoriano entró en su fase final. Con 85 votos, la Asamblea Nacional decidió allanarse a la objeción parcial enviada por el Ejecutivo, lo que permite que la normativa sea remitida al Registro Oficial para su promulgación.
Los cambios fueron impulsados por el presidente Daniel Noboa, quien planteó ajustes para corregir inconsistencias legales y fortalecer el control dentro de los centros de privación de libertad, en un contexto marcado por la violencia y el crecimiento de estructuras delictivas.
Durante el tratamiento del proyecto, el legislador Mario Zambrano advirtió que el sistema carcelario arrastra problemas graves como el hacinamiento, la débil gestión institucional y vacíos normativos que han facilitado la expansión del crimen organizado.
Entre los principales cambios se incluye una redefinición del Cuerpo de Seguridad Penitenciaria para clarificar su rol, así como una reorganización de funciones entre las entidades encargadas del sistema, con el fin de evitar duplicidad de competencias.
Además, se introducen ajustes en el régimen disciplinario para mejorar la aplicación de sanciones y brindar mayor seguridad jurídica. Otro punto clave es la ampliación del derecho a impugnar traslados, que ahora podrá aplicarse en situaciones específicas como embarazo, enfermedades graves o necesidad de atención especializada.
La normativa también incorpora disposiciones para el personal penitenciario, incluyendo lineamientos para quienes se integren desde las Fuerzas Armadas en servicio pasivo, así como criterios para mantener coherencia en beneficios y regímenes.