Con el presidente Daniel Noboa activo para impulsar el 'SÍ' y una oposición centrada en marchas y movilizaciones, así se desarrolló la campaña electoral de la consulta popular y referendo del 16 de noviembre. Pero el proceso, según la exasambleísta por la Revolución Ciudadana, Gissela Garzón, es un "engaño", y se sostiene en una narrativa similar a la de la primera consulta popular impulsada por el propio Daniel Noboa.
Una de las principales propuestas del Gobierno es la convocatoria a una Asamblea Constituyente y que, de acuerdo con Garzón, genera preocupación en torno a la calidad de representantes que redactarían la eventual nueva Carta Magna. Insistió en que esta iniciativa no debería impulsarse "a puerta cerrada", sino que deberán forjar la mayor cantidad de consensos.
Un criterio distinto compartió Juan Fernando Flores, exasambleísta por CREO, quien ve en la convocatoria a una Asamblea Constituyente como una "oportunidad" para consolidar un nuevo "modelo país". A su criterio, no es suficiente mantener "paños de agua tibia" sobre la actual Carta Magna, y a su vez, dijo, se requiere una reestructuración completa del Estado.
Según Flores, la actual Constitución genera "trabas", y no permite que se avance en temas de descentralización o cooperación a nivel militar para fortalecer la seguridad del país.
Otro de los puntos en debate es la instalación de bases extranjeras en Ecuador. Según Garzón, este aspecto responde actualmente a la realidad geopolítica del país y las relaciones internacionales. Cuestionó que la iniciativa del Gobierno llegue en un momento el que la Carta Magna permite el alcance de cooperación bilateral en seguridad, sin la necesidad de otros instrumentos legales.
Por su parte, Flores consideró que el texto constitucional trae consigo "tropiezos" e impedimentos para contar con operación militar contra delitos como la trata de personas y narcotráfico. Con esto, dijo, se diferencia entre la inseguridad común y el tema transnacional.
Sobre la eliminación del fondo partidista, Flores señaló que no existiría una mayor afectación en cuanto a que los recursos que se suprimirían corresponden en un 70% a la formación de cuadros políticos. Indicó que, de las 17 organizaciones políticas nacionales, 13 no reciben este monto.
El criterio de Garzón es distinto. Considero que la eliminación del fondo partidista abriría la puerta a una pelea de grandes chequeras que financien a organizaciones políticas de mayor popularidad. Insistió en que, esta medida inclinaría el panorama electoral a quienes tienen mayores fuentes de financiamiento para sus campañas.
Agregó que, muy aparte de esta iniciativa el Consejo Nacional Electoral (CNE) juega un rol fundamental en el control del financiamiento de partidos y movimientos políticos. A esto, dijo, debe sumarse el monitoreo de las horas de formación de cuadros políticos.
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