Con 180 artículos, apertura a la inversión privada y reformas en seguridad, así visualiza el presidente Daniel Noboa la propuesta de una nueva Carta Magna que sería redactada, eventualmente, si la ciudadanía aprueba la instalación de una Asamblea Constituyente el próximo 16 de noviembre en las urnas.
Para Sergio Peña, asambleísta independiente y cercano al oficialismo, la consulta popular y referendo es una oportunidad para que los ecuatorianos decidan el camino que desean seguir. A su criterio, existen varios puntos que deberían ser considerados en una eventual nueva Constitución.
Entre ellos, la consideración de la prisión preventiva como medida eficaz para determinados delitos como asesinato, sicariato o extorsión. Esto, debido a que calificó como un exceso la aplicación de medidas alternativas para personas procesadas por este tipo de casos. A esto, dijo, se sumaría una reducción de las garantías penitenciarias, otorgadas por un cuestionado sistema de administración de justicia.
"No hay que ser proporcionales, sino más fuertes", indicó.
Según Peña, la Carta Magna debería apuntar a un "marco normativo puntual y sin muchas vueltas", donde se blinden aspectos como el mencionado y otros temas como la posibilidad de ejecutar allanamientos sin orden judicial.
Recordó que el operativo que derivó en la recaptura de alias 'Fito' ocurrió en respuesta a la vigencia de la Ley de Solidaridad Nacional y que, posteriormente, fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional.
Por otro lado, reconoció que la convocatoria a una Constituyente implicaría un riesgo, pero por el nivel de asambleístas encargados de redactar el nuevo texto constitucional. De acuerdo con Peña, más allá de que la iniciativa resulte un "traje a la medida" del Gobierno de turno, preocupa que se convierta en un "traje mal hecho". Por ello, insistió en que los perfiles de asambleístas constituyentes deben ser de cuarto nivel de instrucción, principalmente en materia de derecho.
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