La "batalla" contra la minería ilegal "no es justa, ni equitativa", dijo Carolina Orozco, presidenta del Directorio de la Cámara de Minería del Ecuador, al considerar múltiples factores que acentúan la peligrosidad de estas estructuras ilícitas. Una de ellas, dijo, es la capacidad de romper el tejido social de comunidades en la Amazonía, al mismo tiempo que se genera un "desastre" a nivel ambiental.
De acuerdo con Orozco, las organizaciones criminales se infiltran en sectores de minería artesanal y de pequeña minería. Esto, debido a que su permeabilidad en actividades de gran escala resulta más compleja en el aspecto de seguridad y logística.
Pese a esto, consideró que enfrentar las estructuras ilícitas vinculadas a la minería ilegal resulta desigual, en torno a la cantidad de militares que posee el país y la rápida expansión de organizaciones criminales. Por ello, dijo, la estrategia debería pasar también desde el control a las entidades legalizadas.
Indicó que, al mismo tiempo en que se ejecuten operaciones contra estructuras delictivas, el Gobierno debería regular con mayor firmeza a quienes cuentan ya con permisos de operación y, de alguna manera, no cumplen con los parámetros de calidad y cuidado ambiental. Agregó que, será imprescindible una trazabilidad de las actividades mineras para conocer el flujo de minerales que son explotados y su destino.
A esto, precisó Orozco, debe sumarse el sector privado para combatir la ilegalidad de operaciones extractivistas. Esto, debido a que la presencia del oro en el mercado internacional lo convirtió en un mineral que genera grandes réditos económicos que, en el caso de ser extraídos de manera ilícita, servirá para sostener una economía criminal e irregular.
"Todos debemos sumarnos a esta lucha. La pregunta no es si queremos o no minería en el país, sino quien queremos que saque el oro. Los legalizados o los ilegales", dijo.
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