Elecciones seccionales 2026
Moscoso considera que, en el caso de Luisa González, es necesario esperar el desarrollo de las investigaciones antes de sacar conclusiones. La detención no significa que exista una culpabilidad demostrada. Sin embargo, sostiene que el momento en el que ocurre puede despertar suspicacias, precisamente porque Ecuador atraviesa un proceso electoral. También recuerda que el caso está relacionado con presuntas irregularidades en el financiamiento y los gastos de la campaña presidencial de 2023, por lo que no se trata de hechos que hayan surgido únicamente en estos días.
Sobre los allanamientos en el Municipio de Quito, realizados dentro de una investigación previa por presunto peculado relacionada con contratos de obra pública, explica que pueden tener efectos políticos en dos frentes: reforzar el respaldo al presidente Daniel Noboa y a quienes se identifican como anticorreístas, o alimentar entre los simpatizantes de la Revolución Ciudadana la percepción de que existe una persecución política, independientemente de que se llegue a comprobar o no un delito. La Fiscalía busca reunir indicios; no se trata de una condena.
Para el analista, la clave está en los votantes indecisos. En este tipo de elecciones, explica, no basta con convencer a quienes ya apoyan a una organización política: la disputa se concentra en quienes todavía no tienen una decisión tomada. En ese escenario, los acontecimientos pueden alimentar mensajes como que existe una persecución política contra un sector o que los integrantes del otro bando son corruptos.
Moscoso también advierte que hay personas con una identidad política negativa, es decir, que aseguran que jamás votarán por determinada opción, pase lo que pase. Por eso, considera que los efectos más importantes pueden sentirse entre quienes aún dudan. Aunque la Revolución Ciudadana habría perdido parte de la fuerza que tuvo en años anteriores, mantiene un respaldo significativo, como reflejan distintas encuestas. Sin embargo, pide cautela al interpretar esos sondeos, porque la indecisión puede modificar el panorama y la victoria podría definirse por una diferencia reducida. En las ciudades más grandes, añade, la polarización entre el correísmo y el anticorreísmo suele hacerse más visible.
En Quito, Moscoso plantea un escenario hipotético: si Pabel Muñoz no participara en la contienda por la Alcaldía, el panorama podría cambiar por completo y beneficiar al candidato del oficialismo, Harold Burbano. No necesariamente porque quienes votarían por Muñoz trasladaran su apoyo directamente a Burbano, sino porque algunos ciudadanos podrían considerar que elegir al candidato oficialista daría mayor estabilidad a la ciudad.
Sobre la actuación de la Fiscalía y la independencia de funciones, el académico afirma que no cuenta con elementos suficientes para juzgar sus actuaciones y expresa su deseo de que se esté procediendo con independencia. Al mismo tiempo, pide no desconocer que existen investigaciones abiertas desde hace tiempo.
Para Moscoso, los efectos políticos de los escándalos, las detenciones y las dificultades para inscribir o mantener determinadas candidaturas también pueden extenderse a otras ciudades y provincias. Incluso, advierte, podría haber sorpresas y resultar electo un candidato que no represente directamente a ninguno de los dos principales bloques, ADN o Revolución Ciudadana.
El contexto nacional también pesa en esta disputa. Moscoso recuerda que el Gobierno de Daniel Noboa perdió las cuatro preguntas del referéndum y la consulta popular de noviembre de 2025, un resultado que, a su criterio, puede contribuir al desgaste del oficialismo antes de las elecciones seccionales. Si el Gobierno logra superar esta etapa, sostiene, la presión podría ser todavía mayor de cara a las próximas elecciones generales, en las que se definirá la continuidad de su proyecto político. Por eso, considera que los acontecimientos actuales podrían ser apenas el comienzo de una serie de episodios capaces de cambiar el escenario electoral.
Con las candidaturas en disputa y las investigaciones judiciales abiertas, el reto será distinguir entre los hechos comprobados, las acusaciones y los mensajes políticos que circulen durante la campaña. La decisión final estará en manos de los electores, especialmente de aquellos que todavía no han definido a quién apoyarán.