Contraflujos, siniestros y Ley de Tránsito
Araujo sostiene que el crecimiento de Quito hacia los valles y las periferias también ha complicado los desplazamientos, debido a que los servicios básicos y el transporte no siempre avanzan al mismo ritmo que la expansión urbana. Por eso, considera que decisiones como la instalación de semáforos deben analizarse desde un punto de vista técnico y no únicamente por presión ciudadana. Pone como ejemplo la congestión en el redondel de Las Bañistas, en Cumbayá, donde se necesitan estudios e investigaciones desde la Secretaría de Movilidad para determinar qué medidas funcionan mejor.
El experto también advierte que los problemas de movilidad no se presentan solamente durante el ingreso a clases, sino también a la salida de los colegios, una situación que provoca que algunos estudiantes pasen una hora o hasta una hora y media en el transporte escolar, afectando su calidad de vida.
Sobre los contraflujos, Araujo explica que son una solución utilizada en diferentes partes del mundo, pero que en Ecuador todavía hace falta mejorar la información para los usuarios, la señalética y la forma de aplicarlos. Según su análisis, estas medidas deberían ser más dinámicas: si un día el tráfico está aliviado, podrían suspenderse antes de la hora prevista.
En el caso del nuevo contraflujo de la avenida Simón Bolívar, entre la Ruta Viva y Guápulo, el Municipio informó que funciona de lunes a viernes, de 06:30 a 08:30, para beneficiar a más de 100.000 usuarios. Araujo considera que la medida se implementa en una zona donde normalmente se forma un cuello de botella, por lo que este cambio debe funcionar.
El experto también plantea que el pico y placa podría convertirse en una medida más flexible, como ocurre en otros países, donde las restricciones pueden anunciarse de un día para otro según las mediciones de calidad del aire.
En Quito, recuerda, la medida generó alivio durante aproximadamente un año, pero después algunas personas optaron por comprar otro vehículo, reduciendo su efecto. Aun así, considera que debe mantenerse, porque, sin esta restricción, alrededor del 20 % de vehículos podría incrementarse en las calles.
Sin embargo, insiste en que la solución no es construir más vías, sino fortalecer el transporte público, reorganizar las rutas e impulsar una integración tarifaria.
Incluso propone que el cobro se realice por ruta y no por pasajero, para evitar la competencia entre buses por captar usuarios.
Sobre las reformas a la Ley de Tránsito, menciona que entre los beneficios están la regulación de la circulación de scooters, el manejo de fotoradares por entidades públicas, la regulación de los servicios de delivery y los cambios en la emisión de licencias. Aunque la Agencia Nacional de Tránsito mantendría el control de este proceso, la entrega física del documento podría delegarse al Registro Civil ante problemas como la falta de especies y turnos.