VENTA DE LICOR CERCA DE LAS UNIVERSIDADES
Chiriboga señala que la Ordenanza Metropolitana de Gestión del Suelo ya prohíbe la instalación de nuevos establecimientos que expendan bebidas alcohólicas cerca de instituciones educativas. Sin embargo, existe una figura de "preexistencias", que permite seguir funcionando a los locales que ya estaban instalados antes de la normativa. Aclara que, con el proceso de reestructuración de La Mariscal, estas preexistencias dejarán de existir desde enero de 2027. Mientras tanto, los controles continúan. Solo en lo que va del año se han sancionado alrededor de 2.400 personas por consumir alcohol en el espacio público en Quito, de las cuales más de 500 fueron intervenidas en zonas cercanas a universidades. La multa corresponde al 25 % de un salario básico unificado.
El funcionario reconoce que el problema no ha disminuido. Recuerda que el año pasado la ciudad cerró con cerca de 5.000 personas sancionadas por libar en la vía pública, una conducta que, además de afectar la convivencia, está relacionada con robos, agresiones, desapariciones e incluso fallecimientos de personas que quedan en condición de vulnerabilidad.
Añade que la semana anterior el Alcalde reunió a representantes de varias universidades para buscar soluciones conjuntas. Aunque las autoridades académicas aseguraron que realizan campañas de prevención dentro de los campus, indicaron que no tienen competencia sobre lo que ocurre en los exteriores, situación que, según Chiriboga, dificulta enfrentar este fenómeno de manera integral.
Existió una propuesta planteada por una universidad para que la AMC entregue los nombres de los estudiantes que toman en el espacio público para que sean sancionados por los centros educativos, sin embargo, aclara que no es viable porque no se puede determinar a qué institución pertenecen ni discriminar a las personas.
También recordó un operativo reciente en el que se detectó una discoteca clandestina que funcionaba entre un restaurante y un hotel. Además, cada miércoles la AMC coordina controles con la Policía Nacional.
Desde la AMC se trabaja en una nueva normativa que permita regular mejor esta problemática, considerando también la realidad económica de los establecimientos cercanos.
Chiriboga explica que no todos los negocios representan un inconveniente. Existen restaurantes que ofrecen bebidas alcohólicas junto con sus alimentos de manera responsable, pero también hay locales donde la venta de licor termina siendo el verdadero atractivo.
Finalmente, el supervisor también alertó sobre otro problema creciente: la publicidad informal en el espacio público. La AMC ya ha recaudado más de 180.000 dólares en multas por publicidad no autorizada y, aunque retira los anuncios e instala protecciones para evitar su reincidencia, muchos infractores vuelven a colocarlos. Por ello, considera que, además de las sanciones, es necesario fortalecer las campañas de educación y concienciación para fomentar una cultura de respeto a las normas y mejorar la convivencia en la ciudad.
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