¿Más leyes o un cambio estructural del Estado y la Justicia?
Oyarte explica que la legislación es indispensable porque regula la convivencia en sociedad y establece las sanciones para quienes incumplen la ley. Sin embargo, considera que la actual normativa relacionada con menores infractores ha generado un efecto contrario al esperado, pues, a su criterio, la alta protección legal ha sido aprovechada por el crimen organizado para reclutar adolescentes y utilizarlos en delitos graves, como los sicariatos.
Añade que en varios países existen mecanismos para que los menores que cometen crímenes de extrema gravedad enfrenten consecuencias similares a las de un adulto, siempre dentro de sus respectivos marcos legales.
Sobre el debate de endurecer las penas, incluso con propuestas como la pena de muerte, Oyarte asegura que el problema no radica en la severidad de la sanción, sino en la falta de funcionamiento del sistema judicial. Recuerda que Ecuador no contempla la pena de muerte y señala que se trata de una sanción irreversible. Además, sostiene que existen delitos, como las violaciones, en los que considera muy difícil hablar de rehabilitación.
No obstante, insiste en que poco sirve imponer castigos más severos cuando la impunidad continúa siendo uno de los principales problemas del país. "Se pueden colocar las penas del infierno", pero si el delincuente sabe que no será procesado ni condenado, seguirá delinquiendo, afirma. También advierte que muchos jueces buscan cumplir con su trabajo, pero enfrentan amenazas constantes en un contexto de violencia e infiltración del crimen organizado.
Para el constitucionalista, la solución pasa por una reforma institucional mucho más amplia. Entre sus propuestas menciona eliminar el actual sistema de designación de autoridades a través del CPCCS y reemplazar el modelo de concursos, al que califica como costoso, insuficiente e ineficaz.
Considera prioritario fortalecer el Consejo de la Judicatura, depurar a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, reforzar los sistemas de inteligencia y garantizar instituciones independientes capaces de combatir la impunidad.
Para Oyarte, mientras no exista voluntad política para corregir las fallas estructurales, ninguna reforma legal será suficiente para enfrentar la crisis de inseguridad que vive el país.