Brasil convirtió las demandas de los fanáticos en nuevas reglas para los grandes eventos. El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva firmó dos decretos que refuerzan la protección de los consumidores en conciertos, festivales y otras actividades públicas.
Las medidas son conocidas popularmente como la "Ley Taylor Swift", por su relación con la muerte de Ana Clara Benevides Machado durante un concierto de la cantante en Río de Janeiro en 2023.
Uno de los decretos modifica las condiciones para comprar y revender entradas. Las plataformas deberán mostrar desde el inicio el precio total del boleto y las tasas aplicables, además de informar si la venta se realiza por un canal oficial o mediante terceros.
También tendrán que adoptar mecanismos para impedir compras masivas realizadas con bots, programas o scripts, una práctica asociada al llamado cambismo digital.
La normativa incorpora otras garantías. La transferencia de titularidad de una entrada deberá estar disponible gratuitamente mediante la plataforma oficial y, en caso de cancelación, aplazamiento o cambios relevantes, el consumidor podrá elegir entre una nueva fecha, un crédito o el reembolso integral. También se establecen mayores controles sobre la media entrada y la información de las filas virtuales.
El segundo decreto se concentra en el acceso al agua. Los eventos abiertos al público con una previsión superior a mil personas deberán ofrecer agua potable gratuita en bebederos o recipientes individuales ubicados en lugares accesibles. Además, los asistentes podrán ingresar con botellas personales, siempre que cumplan las restricciones de seguridad previamente comunicadas.
Las nuevas disposiciones alcanzan conciertos, festivales, ferias, congresos y otros eventos, tanto en espacios abiertos como cerrados. Aunque fueron impulsadas por una situación vinculada a Taylor Swift, su alcance va mucho más allá de una artista: buscan que asistir a un espectáculo implique menos abusos, mayor transparencia y mejores condiciones de seguridad para el público.

