Expertas y activistas latinoamericanas lanzaron hoy un pacto por los derechos sexuales y la salud reproductiva de las mujeres de toda la región con el que pretenden que las autoridades se comprometan a buscar políticas públicas que permitan mejorar el empoderamiento femenino.

El pacto, que fue presentado durante la clausura de la conferencia internacional Women Deliver celebrada en Copenhague, aborda los retos regionales para avanzar en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), especialmente en el ámbito de igualdad de género.

Algunas políticas como la viceministra de Sanidad de Uruguay, Cristina Lustemberg, apoyó la iniciativa y reconoció que el principal problema que afronta su país es el gran número de embarazos de menores, debido a «la maternidad infantil forzosa, en la mayoría de los casos por explotación sexual o abuso sexual».

El acuerdo, promovido por la Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos de México, recoge la necesidad de condenar todas las formas de violencia contra niñas y mujeres en todos los entornos -familiares, escolares y sociales- y asegurar una adecuada atención institucional y judicial.

Según datos de Unicef, cerca del 80 por ciento de las víctimas de abuso sexual son niñas y en la mitad de los casos los agresores viven con las víctimas, ya que muchas veces se trata de familiares directos de los menores abusados.

Otras acciones que contempla el pacto es fomentar la participación y la inserción laboral de mujeres, sostener las inversiones realizadas durante la infancia y apoyar a organizaciones lideradas por jóvenes.

«Aunque existe la paridad de género en la educación, luego no se traduce en una paridad económica», alertó la asesora regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés), Virginia Camacho.

El acuerdo tampoco olvida uno de los temas más polémicos en la región como es el aborto, de candente actualidad debido al zika y prohibido en muchos países, así como la planificación familiar para prevenir embarazos no deseados, especialmente entre las más jóvenes.

«Hay que eliminar el aborto inseguro», reclamaron, ya que el número anual de abortos en condiciones de riesgo en niñas de entre 15 y 19 años en América Latina y el Caribe es de 670.000.

La diputada argentina del Partido Socialista Gabriela Troiano también destacó la necesidad de luchar por los derechos sexuales de las mujeres, y criticó que el nuevo Gobierno argentino haya paralizado algunos de los proyectos existentes en dicha materia.

«Los derechos sexuales de las mujeres son esenciales para tener una vida en igualdad», insistió la diputada.

Otra de las propuestas que recoge el texto es la revisión y adecuación de la legislación de todos los países para establecer la edad mínima de matrimonio a 18 años «sin excepciones».

«En la región se tiene la falsa idea de que el matrimonio temprano no es un problema. Pero lo es porque conlleva también embarazos tempranos», lamentó Camacho.

La asesora de UNFPA también pidió a los Gobiernos que tengan en cuenta a la hora de trazar políticas la gran brecha que existe, por ejemplo en el acceso a los anticonceptivos, entre las mujeres indígenas y las no indígenas.

«Uno de los principales desafíos es la mala calidad de atención sanitaria en las zonas más necesitadas, afectadas por la pobreza, la desigualdad de género y la discriminación», dijo Camacho.

El objetivo final de este pacto, aseguraron, es lograr el apoyo de los Gobiernos, la cooperación internacional y las ONG para trazar acciones conjuntas que permitan mejorar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres latinoamericanas.