Asamblea Nacional
El bloque parlamentario de Acción Democrática Nacional (ADN) prevé abrir un proceso de fiscalización en la Asamblea Nacional para investigar las denuncias sobre presuntos cobros ilegales, conocidos como "vacunas" o diezmos, exigidos a servidores y trabajadores de distintas dependencias y empresas públicas del Municipio de Quito.
La iniciativa legislativa, canalizada por el asambleísta Andrés Castillo a partir de alertas ciudadanas e investigaciones periodísticas, pretende recabar presuntos esquemas de coerción, chantaje y amenazas de separación laboral dirigidas a forzar aportes económicos no reglamentados.
Sustento constitucional y alcance de las competencias
Frente a los cuestionamientos sobre la facultad de la Legislatura para intervenir en asuntos de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), desde la bancada de ADN se precisó que la actuación del Parlamento no busca asumir las funciones del Concejo Metropolitano —ente encargado de la fiscalización directa y de la eventual destitución de autoridades seccionales—, sino ejercer la atribución conferida por el artículo 120, numeral 9, de la Constitución de la República, el cual ampara la fiscalización de las instituciones del Estado y entes públicos.
En este contexto, el asambleísta oficialista Xavier Ordóñez explicó en NotiMundo Estelar que el objetivo de las comisiones parlamentarias consiste en recopilar elementos de convicción y pruebas de cargo y descargo. Estos insumos permitirán estructurar un informe técnico con recomendaciones que será remitido a la Fiscalía General del Estado, si se identifican indicios de responsabilidad penal, y a la Contraloría General del Estado para la determinación de eventuales perjuicios económicos al patrimonio público.
Esquema de presunta extorsión
Las indagaciones no solo abarcan a una empresa pública metropolitana, sino que se extienden a varias dependencias donde se habrían replicado los mismos patrones de exigencia económica. Entre las alertas recibidas en los despachos legislativos destacan presuntas irregularidades en las administraciones zonales, como la Zonal Centro y la Zonal Norte.
En dichos espacios se ha señalado la actuación de funcionarios vinculados a contrataciones cuestionadas —como la adquisición de equipos informáticos objeto de exámenes en la Contraloría— y con nexos políticos hacia figuras de la Asamblea Nacional. Asimismo, la bancada de ADN enfatizó que la exigencia de dinero mediante intimidación laboral configura actos de concusión que justifican la intervención del Ministerio de Trabajo.
Múltiples frentes de fiscalización sobre la gestión capitalina
El caso de las "vacunas" municipales se suma a una serie de frentes de fiscalización iniciados en el Parlamento sobre la gestión del Municipio de Quito:
- Compra de recolectores de basura: Proceso de fiscalización impulsado mediante cambio del orden del día por el asambleísta Fernando Jaramillo, cuestionando el uso de convenios marco con organismos internacionales.
- Proyecto Quitopía: Indagación sobre fallas de infraestructura e inundaciones en la obra recientementemente inaugurada, cuya construcción fue adjudicada a contratistas señalados por irregularidades en otros municipios del país.
- Caso "Asfalto de Oro": Denuncia formulada por el concejal Michael Aulestia e investigada por la Fiscalía tras allanamientos a la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP), sobre presunta concentración de contratos por USD 65 millones a favor de una sola red de proveedores.
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