Combate corrupción

Adrián Castro: "La Ley de Integridad Pública es una herramienta clave contra la corrupción y la violencia"

La Ley de Integridad Pública entró en vigencia este 26 de junio, tras su publicación en el Registro Oficial. La normativa fue oficializada por disposición del Ejecutivo, luego de ser aprobada en la Asamblea Nacional el pasado 24 de junio, con 84 votos a favor.

En entrevista con NotiMundo A la Carta, el asambleísta por ADN, Adrián Castro, destacó que esta norma representa una herramienta fundamental para enfrentar la corrupción y la violencia que afectan al país.

Castro subrayó que, pese a las críticas sobre su contenido, se trata de una ley que refleja principios de integridad y cuyo propósito es erradicar la impunidad en todos los niveles, así como mejorar la eficiencia de la administración pública.

Uno de los aspectos más destacados de la ley es que permite juzgar a adolescentes involucrados en crimen organizado con penas más severas. Según Castro, la medida mantiene un tratamiento diferenciado acorde a su edad, pero garantiza sanciones proporcionales a la gravedad de sus actos.

El legislador también señaló que el Estado destina cada año recursos considerables, como los 4 millones de dólares usados para custodiar a más de 3.200 delincuentes extranjeros. En ese sentido, aseguró que la nueva normativa no solo apunta a combatir la corrupción, sino también a optimizar el uso de los fondos públicos, lo que podría traducirse en beneficios económicos y una mayor percepción de seguridad entre la ciudadanía.

Además, hizo énfasis en la urgencia de actuar frente a la creciente criminalidad y los escándalos de corrupción, advirtiendo que el país no puede esperar indefinidamente para implementar cambios.

"La ley permite tramitar proyectos con carácter de urgencia, lo cual acelerará la aprobación de reformas prioritarias en materia de justicia y seguridad." Afirmó

El legislador precisó que la normativa contempla un plazo de 120 días para su implementación, periodo en el que deberán elaborarse los reglamentos correspondientes. Añadió que será fundamental capacitar a fiscales, defensores y jueces, con el fin de garantizar que el sistema judicial esté preparado para aplicar adecuadamente las nuevas disposiciones.

Asimismo, se contempla una segunda fase legislativa, enfocada en áreas complementarias como la protección de denunciantes de corrupción y el acceso a la información pública. Esta etapa buscará fortalecer la transparencia y reforzar la lucha contra la impunidad en las instituciones del Estado.

Finalmente, Castro reconoció que esta ley enfrentará retos importantes, especialmente por la oposición de sectores que podrían verse afectados. No obstante, sostuvo que la normativa también abre una oportunidad para recuperar la confianza ciudadana en el sistema judicial.

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