Desafíos económicos
En NotiMundo a la Carta, Andrés Albuja, analista económico, sostuvo que, si bien las proyecciones del Banco Central del Ecuador y la CEPAL anticipan un crecimiento de entre 3,2 % y 3,8 % para 2025, este repunte debe analizarse con cautela.
Explicó que el país viene de una profunda contracción en 2024, provocada por la crisis energética, que dejó pérdidas cercanas a USD 2.000 millones, por lo que el crecimiento responde en gran medida a un efecto rebote.
El experto alertó además sobre el impacto de la inseguridad en la economía. Indicó que Ecuador cerraría el año con una tasa aproximada de 52 homicidios por cada 100.000 habitantes, una cifra que multiplica por nueve el promedio mundial y triplica el histórico nacional, lo que afecta directamente la confianza, la inversión y la estabilidad productiva.
Asimismo, cuestionó que la mejora macroeconómica no se refleje en la vida cotidiana de la población. Señaló que siete de cada diez personas en edad laboral no acceden a un empleo adecuado y que la pobreza multidimensional se acerca al 40 %, evidenciando una brecha entre los indicadores oficiales y la realidad social.
Albuja también advirtió sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas. Afirmó que la deuda estatal, que bordea los USD 90.000 millones, equivalente a casi tres cuartas partes del PIB, resulta estructuralmente inviable. Detalló que el país deberá cubrir cerca de USD 40.000 millones hasta 2030, lo que vuelve indispensable una reestructuración profunda y urgente.
En cuanto al uso de los recursos públicos, señaló deficiencias en la ejecución presupuestaria. Mencionó que carteras como Salud no superan el 30 % de ejecución, lo que limita el acceso a servicios básicos, pese a que los fondos estén asignados.
Finalmente, enfatizó que la corrupción, la negligencia y la mala administración pública le han costado al Ecuador aproximadamente USD 6.000 millones entre 2024 y 2025, una cifra que supera el déficit actual del Presupuesto General del Estado.
Además, sostuvo que estas pérdidas se explican por presuntos casos de corrupción en proyectos energéticos, que habrían generado un perjuicio cercano a USD 140 millones; la paralización de la producción petrolera, con un impacto estimado de USD 500 millones; y el uso de recursos públicos para bonos entregados por el Gobierno durante la consulta popular, que habría significado USD 1.400 millones.
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