Paro nacional
Tras las declaraciones de Marlon Vargas, la jefa de bancada de ADN, Mishel Mancheno, presentó un acto urgente en la Fiscalía por el presunto delito de terrorismo. La legisladora señaló que el recurso permitirá que, en el caso de que se cometan acciones como sabotaje y paralización de servicios, la Fiscalía inicie investigaciones de manera urgente.
"No soy un terrorista", reaccionó Vargas al recurso presentado en su contra ante la Fiscalía. A través de sus redes sociales, el presidente de la CONAIE dijo estar dispuesto a colaborar con la justicia, e instó al poder judicial a investigar con la misma celeridad la muerte de Efraín Fuerez, así como la supuesta agresión a un manifestante.
Este lunes 6 de octubre, también se presentó ante la Fiscalía una denuncia por presunto terrorismo, instigación y asociación ilícita contra Marlon Vargas. El recurso, presentado por Ramiro Rivera, se sustenta en las declaraciones del presidente de la CONAIE sobre tomarse Quito. En este, alega que el pronunciamiento de Vargas promueve la comisión de hechos violentos.
"Curarse en sano"
Andrés Castillo, asambleísta por ADN, explicó que, en el caso de que los delitos eventuales se cometan, la Fiscalía deberá activar los procedimientos para recabar pruebas suficientes y avanzar con mayor celeridad a la ordinaria. Esto, siempre y cuando exista una amenaza clara. Según el legislador, las primeras declaraciones de Vargas podrían judicializarse, en torno a las amenazas e incitaciones de tomarse la ciudad.
"Hay que curarse en sano. Decirle a la dirigencia indígena que, en esta oportunidad, no habrá el cuento de las amnistías", dijo.
De acuerdo con Castillo, el acto urgente no es un recurso extrajudicial, sino que es una medida enmarcada en la ley que buscaría "adelantarse" a la comisión de delitos ante lo que el asambleísta consideró como un sistema penal deficiente y débil.
"Hay que preservar toda la ciudad en general. No podemos hacer de nuestra ciudad el patio de los incendios del señor Vargas", enfatizó.
Si bien el recurso analiza un potencial escenario de protesta enardecida en Quito, Castillo señaló que el Gobierno no busca criminalizar las manifestaciones, pero sí los delitos que se cometan en medio de las marchas. Pese a esto, consideró que el paro nacional sigue siendo focalizado, y no ha logrado cohesionarse por diferencias entre las dirigencias indígenas.
Por otro lado, insistió en que el Ejecutivo se mantiene abierto al diálogo, siempre y cuando existan puntos en común y el ceder de ambas partes no se convierta en un "barril sin fondo". Señaló que las conversaciones deben manejarse de manera técnica, en base al alcance de las decisiones del Presidente de la República.
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