Aspectos "muy graves" se gestan alrededor del caso Progen con órdenes "irresponsables" de prisión preventiva, cuestiona penalista
19 de los 21 procesados por presunto peculado en el caso Apagón recibieron un dictamen de prisión preventiva. Entre ellos constan el exministro de Energía y Minas, Antonio Goncalves y el exgerente de CELEC, Fabián Calero.
Para el exgerente de Termopichincha, Byron Orozco, el juez Vinicio Rodríguez dispuso arresto domiciliario y el uso de un grillete electrónico, mientras que César Toledo, exsubgerente financiero, deberá cumplir con una prohibición de salida del país, así como presentaciones periódicas.
En el caso de los representantes de Progen, la empresa cuestionada por los fallidos contratos en Salitral y Quevedo, el magistrado también ordenó prisión preventiva. Además, solicitó una notificación roja de la Interpol para Andrew Scott Williamson y Karla Saud con el objetivo de dar con su localización y captura.
Situaciones "muy graves" se gestan alrededor del caso Apagón, alertó el abogado penalista Pablo Encalada. Reconoció que, si bien se habla de una estructura de corrupción, el problema radica en que algunos de los procesados no deberían estar allí y, peor aún, con un dictamen de prisión preventiva.
Cuestionó que, en los argumentos de la Fiscalía, no se haya demostrado la existencia de sobornos a funcionarios de CELEC y Termopichincha, en el marco del presunto peculado alegado por el Ministerio Público.
"Que todos esos técnicos participaron de manera dolosa para favorecer a un tercero, no sé si hay los suficientes elementos", dijo.
Otro de los puntos que genera críticas es el argumento para sustentar la medida de prisión preventiva contra casi todos los procesados. A criterio de Encalada, el pedido de la Fiscalía en torno a las disposiciones fue "laxo", a lo que fue respondido con una "irresponsable" resolución del juez del caso Apagón.
De acuerdo con Encalada, la prisión preventiva es una medida excepcional, debido a que se trata de la privación de libertad de una persona inocente, mientras se desarrolla la investigación. Cuestionó además que, desde la Fiscalía, se impulse el argumento de una alta capacidad financiera como justificación a un riesgo de fuga.
Una de las afirmaciones que sí podrían sostener la orden de prisión preventiva, según Encalada, es la alta probabilidad de condena de un procesado. Esto, debido a que el juzgador debe tener cierto convencimiento de la presunta culpabilidad de un implicado.
Los "grandes culpables no están"
Uno de los mayores cuestionamientos alrededor de la formulación de cargos del caso Apagón fue el dictamen de prisión preventiva contra Celso Sánchez, quien colaboró con la Fiscalía para alertar las irregularidades en los contratos. La defensa del implicado aseguró que videos y documentos fueron entregados a la Fiscalía, sin embargo, no constan en el expediente fiscal.
En sus años de experiencia como abogado penalista, Encalada aseguró que no ha experimentado casos de este tipo: que información no haya sido incorporada al expediente, pese a haber sido presentada.
El siguiente paso del Ministerio Público, dijo, debe ser abrir una investigación paralela para determinar si se omitió información en el caso Apagón y, a acto seguido, adjuntar el material.
"Es dramático, porque da la sensación de que los grandes culpables no están", sentenció.
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