En NotiMundo a la Carta, Lizi Ernst, presidenta de la Coalición Nacional de Mujeres, alertó sobre el incremento de femicidios en el país y cuestionó la falta de acciones concretas para enfrentar esta problemática.
Según explicó, desde agosto de 2014 hasta mayo de 2026 se han registrado al menos 3.873 femicidios en Ecuador. Detalló que en 2024 se contabilizaron 521 casos, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 786, convirtiéndose en el año más violento hasta ahora. En lo que va de 2026 ya se reportan 242 víctimas.
Ernst advirtió que, de mantenerse esta tendencia, el país podría cerrar el año con cerca de 726 femicidios, una cifra que evidencia la gravedad de la crisis y el avance de la violencia contra las mujeres.
La dirigente también criticó el debilitamiento institucional tras la desaparición del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Aunque actualmente existe un viceministerio dentro del Ministerio de Gobierno, consideró que las acciones implementadas son insuficientes.
Además, señaló que el Registro Único de Violencia aún no logra consolidarse debido a la constante rotación de personal y a los problemas de coordinación entre instituciones. A su criterio, esta herramienta es fundamental porque permite generar datos confiables y activar alertas tempranas para prevenir agresiones y delitos sexuales.
En materia de seguridad, Ernst sostuvo que los crímenes contra las mujeres ocurren en medio de un contexto marcado por el crimen organizado, la pobreza y las amenazas constantes. Esto, dijo, ha generado temor incluso para realizar actividades cotidianas como salir a trabajar.
Respecto a los hijos de las víctimas, lamentó que no exista una respuesta inmediata del Estado para garantizar su protección. Alertó que muchos menores quedan en abandono y expuestos a situaciones de vulnerabilidad o reclutamiento por bandas delictivas.
También cuestionó el incumplimiento de la Ley de Reparación Integral Transformadora, destinada a apoyar a las víctimas directas e indirectas de femicidio. Según afirmó, la falta de voluntad política ha impedido que esta normativa se aplique de manera efectiva.
Sobre la impunidad en el sistema judicial, detalló que de los 521 casos registrados en 2024, apenas 33 obtuvieron sentencia. En 2025 la cifra se redujo a 11 y, en lo que va de 2026, aún no existen condenas relacionadas con femicidios.
La activista además denunció que muchas mujeres enfrentan revictimización al momento de denunciar en la Fiscalía, debido al trato inadecuado y la desconfianza de algunos funcionarios hacia sus testimonios. Pese a ello, insistió en la importancia de seguir denunciando para evitar que la problemática sea invisibilizada.
Finalmente, Ernst expresó preocupación por posibles reformas al COTAD que podrían limitar las competencias sociales de municipios y prefecturas. Aseguró que esto dejaría a miles de mujeres, especialmente en zonas rurales, en una situación de mayor desprotección.
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