Contratos fallidos
Un año después de los fallidos contratos con Progen, Ecuador presentó una demanda contra la empresa en Estados Unidos, alegando un presunto fraude y enriquecimiento injustificado. El recurso apunta un incumplimiento de los dos procesos que debían incorporar 150 megavatios en Salitral y Quevedo.
Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, recordó que hace un año, el organismo alertó sobre estas irregularidades. Señaló que, si bien se busca culpables en el exterior, puertas adentro existirían responsables políticos. Entre ellos, apuntó al actual ministro de Infraestructura y Transporte y exministro encargado de Energía, Roberto Luque; la ministra de Energía, Inés Manzano, el exministro Antonio Goncalves, así como Fabián Calero, exviceministro de Electricidad y exgerente de CELEC.
"Cuidado nos olvidemos que en Ecuador hay responsables políticas y una argolla del grupo del señor Calero que tiene que ver con este acto", advirtió.
En julio de este año, la Comisión presentó un oficio al entonces fiscal general Wilson Toainga para exhortar que la investigación del caso Apagón, relacionado a los contratos con Progen, no quede solo en funcionarios operativos, sino en altos mandos de CELEC y el Ministerio de Energía para determinar un presunto tráfico de influencias y peculado.
Particularmente, apuntó a la estructura interna de CELEC y una suerte de "escuela de práctica de malos funcionarios" al interior de la institución. Estas irregularidades, dijo, habrían ocurrido desde la administración de Gonzalo Uquillas hasta pasar por Fabián Calero, señalado por los fallidos contratos.
En junio, la Comisión también extendió una serie de preguntas a la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, acerca de la calibración de los motores de generación y las garantías de los fabricantes, mismas que nunca fueron contestadas.
Los contratos con Progen, según Rodas, tuvieron un costo de USD 150 millones y se canceló un adelanto de USD 104 millones. A esto, dijo, se suma que los motores de generación termoeléctrica adquiridos no eran nuevos, tal y como se exigía en el contrato. Por ello, insistió, la demanda interpuesta por el Estado ecuatoriano en Estados Unidos es una acción que debió ejecutarse con anterioridad.
"Es una reparación que requerimos los ecuatorianos frente a una tragedia que nos lleva a otro punto de la corrupción: la impunidad. Hay que impedir la impunidad", enfatizó.
Irregularidades en el sistema de salud
La Comisión Nacional Anticorrupción alertó que 172 proveedores de hospitales públicos habrían otorgado "contratos a dedo" desde hace varios años, a través de subastas inversas falsas con un aparente perjuicio de USD 240 millones.
Esta información fue remitida a la Vicepresidencia de la República -ahora encargada del Ministerio de Salud-, pero la respuesta de la institución, inicialmente, fue que el asunto no era de sus competencias. Horas después, la Segunda Mandataria reconoció un error de su equipo de trabajo en la respuesta y se comprometió a recopilar información para dar una réplica adecuada.
La respuesta de la Vicepresidenta, según Rodas, ocurrió durante los últimos días. El oficio pide una reunión con los asesores de María José Pinto e integrantes de la Comisión, pero Rodas consideró que, debido a la gravedad de las denuncias, se espera un encuentro con la Segunda Mandataria. Hasta el cierre del informativo, la Comisión está a la espera de una nueva contestación.
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