Justicia y democracia
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por las recientes amenazas a la independencia de la Corte Constitucional del Ecuador, en medio de una serie de cuestionamientos desde distintas autoridades del Estado.
El pronunciamiento se produjo después de que la Corte suspendiera parcialmente artículos de tres leyes vinculadas con seguridad, inteligencia y transparencia. La medida, adoptada el pasado 4 de agosto para resguardar la supremacía constitucional y los derechos humanos, generó un inmediato rechazo del Ejecutivo, la Asamblea Nacional y altos mandos de Fuerzas Armadas y Policía.
En declaraciones públicas, las autoridades sostuvieron que la resolución debilitaba la capacidad del Estado para enfrentar al crimen organizado. Incluso, el presidente encabezó una manifestación contra la Corte Constitucional el 12 de agosto, respaldada por un fuerte despliegue policial y militar, y anunció su intención de impulsar una consulta popular para permitir juicios políticos a los magistrados constitucionales.
Ante este escenario, la CIDH advirtió que los discursos que asocian a la Corte con la delincuencia organizada no solo erosionan la confianza en la institución, sino que también ponen en riesgo la integridad de sus jueces. El organismo enfatizó que la separación de poderes y la independencia judicial son pilares fundamentales en una democracia, y recordó que corresponde al Estado garantizar un entorno seguro para que la Corte cumpla con su labor sin presiones ni injerencias.
La Comisión reiteró su compromiso de vigilar la situación en Ecuador y de acompañar los esfuerzos por el fortalecimiento institucional y el respeto a los estándares internacionales de derechos humanos.
