Justicia
El Tribunal de Garantías Penales Especializado en delitos de corrupción y crimen organizado dejó en firme, por escrito, la condena de diez años de cárcel contra el ciudadano serbio Jezdimir Srdan, declarado culpable de lavado de activos.
La decisión, adoptada por mayoría de los jueces, también involucra a otras personas procesadas dentro del mismo caso, además de ordenar la disolución de varias compañías que, según la investigación, fueron utilizadas como mecanismos para ocultar el origen ilícito de los recursos.
Entre las medidas impuestas se incluye el pago de multas equivalentes a tres veces el monto del dinero lavado, así como la incautación de bienes adquiridos con fondos provenientes de actividades ilegales.
Durante el juicio se determinó que el sentenciado formaba parte de una estructura que operaba entre Ecuador y Europa, dedicada a legitimar capitales vinculados al narcotráfico. Para ello, se habrían empleado transferencias internacionales, movimientos financieros y la creación de empresas para dar apariencia de legalidad a los fondos.
Las indagaciones, agrupadas bajo el caso Euro 2024, establecieron que entre 2021 y 2023 la organización recibió más de 1,3 millones de dólares desde Alemania, recursos que luego fueron inyectados en compañías locales. Sin embargo, el cálculo total del dinero movilizado, incluyendo rendimientos, supera los 11 millones de dólares.
El proceso también estuvo rodeado de polémica por denuncias de presuntas presiones e intimidaciones hacia el juez Carlos Serrano, lo que generó repercusiones en el ámbito político y judicial.
En ese contexto, el entonces titular del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, dejó su cargo en medio de cuestionamientos y posteriormente fue destituido tras un juicio político en la Asamblea Nacional del Ecuador.
Con la sentencia ya oficializada, las autoridades avanzan en la ejecución de las sanciones y el decomiso de los bienes relacionados con esta red.